CIDH otorga medidas cautelares a ocho presas y presos políticos en Nicaragua
Los beneficiados con las medidas cautelares son los presos políticos nicaragüenses: Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, JECW, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata y Melba Damaris Hernández
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, el 30 de diciembre de 2023, una resolución donde otorga medidas cautelares a ocho presos políticos en Nicaragua de los cuales solo uno no se identifica con su nombre, solo con las iniciales.
Los beneficiados con las medidas cautelares son: Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, JECW, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata y Melba Damaris Hernández.
Según el organismo, los 8 presos políticos "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua".
"Las personas identificadas fueron privadas de libertad en un contexto de persecución y criminalización contra personas opositoras y críticas del al gobierno. Las personas identificadas no estarían en condiciones adecuadas de detención, sin acceso a atención médica pese a padecer de diferentes afectaciones de salud. Por su parte, el Estado no proporcionó información", denunció el solicitante de las medidas.
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La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias; adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia".
Y citan que se debe garantizar que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro de los centros penitenciarios.
"Se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre su situación de salud; se otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar los padecimientos médicos; se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares y abogados, y se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad dada la imposibilidad de proteger sus derechos a la luz de las actuales condiciones de detención", dice la resolución 89/23 de la CIDH.
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También instaron que el Estado "concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición".
En el escrito la CIDH indica que estas medidas cautelares y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciaron la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA y Nicaragua salió oficialmente del organismo en noviembre pasado. Según expertos, esto no significa que queden fuera del alcance y vigilancia de organismos de derechos humanos como la CIDH y la Corte IDH, que son instancias de la OEA.
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