Exiliados nicaragüenses preocupados por extradición de opositor de Costa Rica a Nicaragua

Organismos humanitarios, movimientos políticos y opositores nicaragüenses en el exilio expresaron este martes su preocupación por la extradición de Costa Rica a Nicaragua del ciudadano Douglas Pérez Centeno, identificado como un opositor al Gobierno de Daniel Ortega y que es acusado en su país como coautor de la muerte de una policía y un civil.

"Esta decisión evidencia el desprecio del Estado de Costa Rica hacia los nicaragüenses", señaló el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), un organismo nicaragüense de derechos humanos en el exilio, en la red social X.

El movimiento Partido Humanista Social Cristiano de Nicaragua (PHSC) advirtió en un comunicado que "entregar a un perseguido político refugiado en Costa Rica a la dictadura Ortega-Murillo, es una grave amenaza a su integridad física y su vida”.

"Estamos asombrados porque a pesar de las numerosas gestiones jurídicas realizadas, incluyendo que mandaran a Pérez a un tercer país, el gobierno (Poder Judicial) de Costa Rica accedió a las peticiones de Ortega sin haber esperado siquiera un recurso de hábeas corpus que había sido interpuesto, el cual fue concedido después de la extradición", indicó.

Ese movimiento político expresó, además, su preocupación de que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, "se haya ufanado recientemente de recibir consejos de Ortega, creando una sombra de duda sobre la situación de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica".

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, la extradición de Pérez "es un asunto de gran preocupación que genera un precedente alarmante".

"Es vital que este tipo de casos no se repitan y que la situación de Douglas no pase desapercibida. Su vida y su integridad física, al igual que la de cualquier persona privada de la libertad por la dictadura sandinista de los Ortega Murillo, está en peligro", apuntó Maradiaga en un mensaje.

El exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields, que se rebeló contra el Gobierno nicaragüense, dijo en X que "la extradición de opositores a Nicaragua sienta un peligroso precedente, empodera al tirano, legitima al poder judicial y recrudece la persecución transfronteriza".

"Es un colaboracionismo criminal (de parte de Costa Rica) con una dictadura que mata en las cárceles a sus adversarios", valoró.

El abogado nicaragüense desnacionlizado Yader Morazán dijo que la resoluciones internacionales de derechos humanos, vinculantes con los Estados, reconocen que en Nicaragua hay razones fundadas para creer que cualquier expulsado o extraditado opositor está en peligro de ser sometido a los crímenes de lesa humanidad de tortura.

Las autoridades de Costa Rica extraditaron el pasado viernes hacia Nicaragua al nicaragüense Pérez, de 44 años, quien es requerido por las autoridades de su país por los delitos de homicidio, tráfico de armas y crimen organizado, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de hábeas corpus que señalaban el riesgo de que el nicaragüense sea sometido a tortura por el Gobierno de Nicaragua que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y de mantener presos políticos.

Pérez, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias "Relámpago", fue detenido por las autoridades costarricenses el 31 de octubre de 2022 en Los Lagos, provincia de Heredia (centro), debido a que contaba con una alerta internacional de captura.

Pérez es sospechoso de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, además de crimen organizado y secuestro simple, según las acusaciones de las autoridades de Nicaragua.

La extradición se efectuó el viernes bajo dirección del Tribunal Penal de Liberia (de la provincia de Guanacaste) en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con colaboración de la Policía Nacional de Migración, informó el OIJ.