“El Ejército como poder detrás y al lado del trono, es una amenaza a la seguridad democrática de los nicaragüenses”, opina Orozco

El politólogo y consultor nicaragüense Manuel Orozco, director del programa de Migración Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, sostiene que el control político y la captura de Estado está en manos del Ejército de Nicaragua y militares retirados, los cuales han sido el brazo derecho de Daniel Ortega desde su retorno al poder en 2007.

En un artículo de opinión publicado en Confidencial, explica que en la medida que el tiempo de vida de Daniel Ortega se achica, y Rosario Murillo profundiza su control y radicalización, la vinculación del Ejército con el régimen está llegando a un punto crítico en donde el costo-beneficio se hace más oneroso.

En este esquema de control excluyente liderado por Murillo, el experto dice que la naturaleza corrupta y represiva de gobernar, se sopesan con el interés de apoyar la sucesión a cambio de mantener puestos en el Gobierno o ascensos dentro de la entidad militar. 

Esta situación pone de relieve potenciales purgas y rupturas en el corto plazo, señala.

Purgas y rupturas

Según el analista político, los exmilitares y los 20 generales ascendidos por Daniel Ortega que desde hace más de 15 años encabezan el “tapón institucional” del Ejército con el general Julio César Avilés a la cabeza, después de tres períodos en el cargo, enfrentan un dilema inmediato ante la sucesión dinástica. 

¿Obtendrá Avilés un cuarto período como Jefe del Ejército en 2025, en pleno ascenso al poder de Rosario Murillo? ¿Qué futuro les depara a los otros 19 generales, ante la salida de Avilés, o su eventual reelección en el cargo? ¿Rendirán su lealtad a Murillo, o serán desplazados por los altos militares “verdaderamente leales” a Murillo, que serán nombrados por la sucesora del poder?, preguntó Orozco. 

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Señaló que el grupo leal a Daniel Ortega son gente que lleva más de 30 años en el Ejército, y con edades cercanas a jubilación, por lo cual el chance de una promoción queda en manos de Murillo, lo que significa negociar con el círculo de poder un puesto para ascender a la Comandancia General.

Respecto a los generales Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor, Marvin Corrales, Inspector General, Leonel Gutiérrez, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y Rigoberto Balladares, jefe de la Dirección de Información para la Defensa, que están en el círculo inmediato de sucesión a Avilés, Orozco opina que la “suerte está echada”.

Es decir que todo está en manos de Murillo, quien también podría promover a generales más jóvenes que no pertenecen a la tanda de Ortega, vaticina.

Por otro lado, el experto señala que al interior del Consejo Militar del Ejército persiste la ansiedad entre la incertidumbre que provoca la “sucesión dinástica” y la presión externa que apunta a sancionar internacionalmente al Instituto de Previsión Social Militar, el brazo empresarial de los negocios de los altos militares. 

Militarismo en el Estado 

Sobre el control militar en el Estado, el politólogo explica que hay tres ejes neurales de control que funcionan como la columna vertebral de la dictadura en el país.  

El primero, es un equipo a cargo de mantener estabilidad macroeconómica, manejado principalmente por el presidente del Banco Central Ovidio Reyes y el Ministro de Hacienda Iván Acosta.

Segundo, un equipo represivo en manos de cuadros de la Policía con experiencia en inteligencia y control social y grupos paramilitares al mando de Horacio Rocha, Zhukov Serrano, y Néstor Moncada Lau.

Y tercero, un equipo estratégico que mantiene el control territorial y político del país, a cargo de operadores políticos como Fidel Moreno y Gustavo Porras y militares retirados que tienen un vínculo directo con el alto mando del Ejército.

En el último equipo, el experto subraya que hay puestos más estratégicos para la dinastía Ortega-Murillo los cuales están en manos de exmilitares.

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Estos puestos incluyen direcciones y ministerios en aeropuertos, minas, supervisión financiera, migración, energía, seguridad social, recaudación de ingresos, infraestructura pública y de transporte, a cargo de más de treinta ejecutores u operadores de la captura de Estado.

En este punto entran militares y exmilitares que ocupan cargos para recabar información política mediante el monitoreo de entradas y salidas de personas al país a través de la autoridad portuaria y migración a cargo de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) bajo Iván Escobar Ramírez, el Capitán Marvin Noé Padilla Fonseca, Sub-Director General y el comandante Juan Emilio Rivas, Oficial de Migración.

Sostiene que “la contratación de empresas internacionales para facilitar vuelos chárter a Managua usando Nicaragua como puente de migración ilegal hacia Estados Unidos ha estado en manos de militares dentro de Aeronáutica Civil”.

Otro cargo ocupado por un exmilitar es el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), que está al mando del general en retiro Oscar Mojica. 

Y si de dinero se trata, la recaudación tributaria está en manos del capitán en retiro Martin Rivas en la DGI, de donde emana la extorsión contra empresas, señala.

También señala que la zona franca, y el sector de la minería están gerenciados por el Estado pero bajo la tutela de militares retirados. 

En cuanto a la vigilancia financiera, Orozco señala que los militares retirados Denis Membreño Rivas y el expolicía Aldo Saenz mantienen un estricto control de quien tiene activos en el país y a quienes se les puede cancelar a través de la Unidad de Análisis Financiero.

A esta amplia estructura se suman cuadros veteranos de la Dirección General de Seguridad del Estado los cuales siguen presente en el control político, e incluye a los magistrados Armando Juárez, Marvin Aguilar, y Juana Méndez. 

“Toda esta presencia del control de entidades claves refleja lo que el politólogo Allain Roquie llamara militarismo, la presencia gradual del militar en la gestión política a través del aparato gerencial público en puestos que son estratégicamente importantes para el régimen, aunque no para el país”, opina Orozco. 

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Agrega que “Si bien no hay militarización en el sentido bélico, la interacción entre estos militares retirados y el ejército es fuerte, y se produce entre actores dentro de la entidad misma, como con el General de Brigada Leonel José Gutiérrez López, Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar del Ejército de Nicaragua. De hecho, muchos de estos individuos se han amparado al Articulo 92 de la Constitución que permite a militares activos servir a estado en “comisión de servicio”. 

En general, la interacción opera como parte del tráfico de influencias cuando los militares en función avizoran su retiro y sopesan su último trabajo entre el ascenso militar o un puesto en el gobierno.  Esta consideración funcional de oficiales del ejército se ha prestado para negociar favores transaccionales con Daniel Ortega, otorgando lealtad a cambio de premios en el manejo de las empresas y los intereses económicos de Albanisa. La salida eventual salida de Ortega abrirá muchas interrogantes.

Amenaza del militarismo

En este recorrido que revela el control del militarismo en Nicaragua, el experto advierte que este dominio es una amenaza a la seguridad nacional. 

Primero, pertenecen a la generación de la Revolución Sandinista, con cuadros en edad promedio mayor a los 60 años.  

Segundo, no pertenece a una tanda militar, sino que lo que los une es una convicción política pro-Daniel Ortega que se cohesiona con los favores económicos recibidos. 

Y tercero, sus puestos se ubican en espacios tácticos, pero no de geopolítica en pro del interés nacional.

“He aquí un problema y una gran amenaza para el país. Al subordinar la seguridad nacional a la influencia de la dinastía, la cúpula militar está poniendo en riesgo la integridad territorial de la nación al atender más los intereses económicos personales de los generales.  Esto se observa especialmente en el fracaso de la contención del tráfico de drogas”.

Sobre el trasiego de drogas, señala que la incautación de drogas de parte de Nicaragua es la más baja en Centroamérica. 

Otra amenaza a la seguridad nacional es la subordinación clientelar que pone en riesgo el balance geopolítico “Ortega y Murillo fortalecen sus alianzas militares con estados antidemocráticos y represivos con vínculos con el terrorismo de estado, como Rusia e Irán”.

“El Ejército como poder detrás y al lado del trono, se ha convertido en la principal amenaza de la seguridad democrática de los nicaragüenses, al disponer de una inteligencia operativa al servicio de represión, mientras que al someterse al servicio de Estados forajidos, hipotecó su misión de defensor de la soberanía nacional. La realidad es que el militarismo en la Nicaragua del siglo XXI es la continuidad del proyecto de inteligencia de Ortega en los 80, y sus cómplices tienen más cara de vendepatrias que de héroes o patriotas”, finalizó.