Colectivo pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU ejercer "acciones" contra régimen en Nicaragua

La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más pidió este jueves al Consejo de Derechos Humanos de la ONU ejercer acciones en contra del Gobierno que preside Daniel Ortega, que permitan la búsqueda de justicia de las víctimas y el restablecimiento de la democracia en el país centroamericano.

La petición fue hecha por la coordinadora de ese Colectivo, la abogada nicaragüense exiliada Wendy Flores, ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, y cuya intervención fue compartida con los medios.

Flores, en nombre del Colectivo, saludó el informe presentado por el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la ONU, que confirmó que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ejercen personalmente el control sobre todas las instituciones del Estado y dan órdenes directas o indirectas contra quienes se atreven a criticarles.

"Expresamos nuestra preocupación por la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el país", indicó Flores.

Asesinatos, destierros, desnacionalización, expropiación y éxodo

La activista recordó la impunidad de los más de 350 asesinatos ocurridos en las protestas de 2018, el destierro sufrido por 222 personas excarceladas y desnacionalizadas en febrero de 2023, la desnacionalización y expropiación de 94 activistas y defensores de derechos humanos, la mayoría exiliadas.

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También mencionó a otros centenares de nicaragüenses que han sido expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua, incluidos 42 religiosos, y los más de 100 disidentes se encuentran bajo prisión, sometidas a regímenes de tortura y malos tratos.

"Estos actos dirigidos desde el Ejecutivo han sido posibles por la participación activa del poder judicial, el legislativo e instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el ahora Ministerio del Interior, que conjuntamente mantienen la vigilancia, persecución e impunidad de estos crímenes", señaló.

La activista dijo que la persecución e impunidad ha generado como consecuencia un "clima de terror, dolor, desesperanza y desplazamientos forzados", que superan los más de 700.000 nicaragüenses (10,4 % de la población) desde abril de 2018 en un contexto de estado policíaco y cancelación de 3.643 organizaciones no gubernamentales.

"Pedimos a este Consejo que ejerzan acciones que permitan la búsqueda de justicia de las víctimas y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua", propugnó.

ONU: Ortega persigue a su propio pueblo

Según el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la ONU, el objetivo de Ortega es impedir el nacimiento de cualquier iniciativa destinada a movilizar a la ciudadanía.

"La persecución de personas opositoras o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización o iniciativa de movilización social", señala en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos hoy en Ginebra.

"El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional", indicó el presidente del grupo, Jan Simon.

El crimen consiste en perseguir a su propio pueblo, teniendo como blancos principales a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, agregó.

De acuerdo con el documento, la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua por los efectos que sufren los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad y de documentos oficiales, a quienes se niega apoyo consular y se impide la reunificación familiar.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.