Régimen en Nicaragua crea Consejo Nacional Anti-lavado de Activos
Este viernes se ratificó en La Gaceta, Diario Oficial, la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la cual establece la creación del Consejo Nacional Anti-lavado de Activos en Nicaragua.
Según el documento, se reformó el artículo 6, de la Ley N°. 977, el que se leerá así:
"Artículo 6 Consejo Nacional Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP)”, reza la publicación.
En este sentido, establece la creación del Consejo Nacional Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/ CFT/CFP) el cual se denominará el "Consejo".
La reforma a la Ley 977 hace un cambio en la estructura del Consejo Nacional, el cual estará conformado por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, el Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, el Procurador General de la República, el Presidente del Banco Central, Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Fiscal General de la República.
También contará con la participación como miembro del director general de la Policía Nacional, ministro asesor del Presidente de la República para Asuntos de Seguridad y el vice ministro del Interior.
Señalan que la Secretaría Técnica corresponde al director de la UAF, Denis Membreño, el cual podrá convocar a las instituciones que sean necesarias para llevar a cabo sus funciones.
“El Consejo elaborará y aprobará su propio reglamento, el que será revisado de manera periódica a fin de realizar las reformas que sean requeridas”, finaliza.
Arma de Persecución
La abogada constitucionalista, Azahalea Solís, exiliada en Costa Rica, aseguró a 100% Noticias, que este Consejo "a lo externo es un arma para la persecución, en la línea de lo que plantea el informe de EEUU".
El informe sobre derechos humanos 2023, presentado por el Departamento de Estado, esta semana, visualiza por primera vez, que existe una "persecución transnacional" por parte del régimen Ortega Murillo en contra de los exiliados y opositores, radicados principalmente en Costa Rica.
Mencionan a personas del régimen que cruzan la frontera para labores de vigilancia e inteligencia desde la embajada de Nicaragua en San José.
Solís, resalta que este Consejo no tiene credibilidad porque está "compuesto por operadores políticos. Casi todos con sanciones internacionales.
Añade, "el ministro asesor para asuntos de seguridad es quien tiene el poder y el mandato directo, "de arriba". Es una pretensión de legitimidad, de un supuesto órgano colegiado. Para la confiscación, a lo interno".
Zarpazo a Conami y Poder Judicial
Al respecto, el excarcelado político y economista Juan Sebastián Chamorro, recordó que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) señala el uso indebido de las regulaciones internacionales de lavado de dinero para la persecución política, es decir que hay una especie de aprovechamiento de estas instancias para fines políticos.
Chamorro señala que la nueva reforma es un zarpazo a la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) y al Poder Judicial.
“Acabamos de ver en este momento tiene la intención y basta con solo verla composición del antiguo directorio con el nuevo de que se elimina a la Conami, un elemento sumamente importante que juega un papel fundamental en este tipo de instancias, se excluye al Poder Judicial estamos viendo este es el último zarpazo que elimina al Poder Judicial de otra instancia de regulación, ya lo hemos visto esta misma semana con la eliminación de la instancia de arbitraje y resolución alterna de conflictos que pasó a otra instancia y fue cercenada del Poder Judicial”, expresó Chamorro a 100%Noticias.
Según el economista, el nuevo consejo nacional antilavado es la consolidación de una instancia represora en el país.
“Los miembros que están en este nuevo consejo, con nombre y apellidos, o sea, están metiendo ahí a Horacio Rocha y al viceministro de Gobernación, Luis Cañas, que como sabemos el primero es la máxima instancia de inteligencia parapolicial y el segundo es el carcelero de Nicaragua, de tal manera, de que se confirma aún más con la entrada de estos dos sujetos la calidad de órganos represor en esta instancia”.
Por su parte, el abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, Braulio Abarca, dijo que la persecución política contra las voces disidentes alcanzó el nivel de persecución fiscal y económica.
“La dictadura continúa persiguiendo a las personas opositoras encasillando como personas terroristas, con este consejo de antilavado de activos contra el financiamiento del terrorismo es como crear una comisión de investigación, pero también de vigilancia y persecución absoluta”, dijo Abarca a 100%Noticias.
El abogado sostiene que el consejo será utilizado para mantener la persecución contra las personas opositoras “evidentemente se va a utilizar para continuar actos de confiscación, de robo, ahora en contra no solo las organizaciones sociales, sino contra quienes las componen, esto va a configurar un estado totalitario que controla absolutamente todo lo que puede y que evidentemente va a utilizar todos sus mecanismos que tengan en este momento para poder atacar la población nicaragüense”.
Parlamento aprobó con carácter urgente
Esta semana el parlamento nicaragüense aprobó por amplia mayoría la Creación del Consejo Nacional Antilavado de Activos, el cual supuestamente tendrá mayor eficacia y capacidad operativa en la ejecución de sus funciones.
El consejo supuestamente permitirá el fortalecimiento del Estado de Nicaragua en el combate a esos delitos, reorganizar los integrantes de ese consejo y de esta manera ampliar su alcance.
"Esta iniciativa busca el fortalecimiento de dicho Consejo Nacional en función de reorganizar sus integrantes y de esa manera fortalecer su alcance contra el Lavado de Activos, contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento a la Proliferación de Armas Masivas", destaca la iniciativa.
La enmienda fue enviada por el dictador Daniel Ortega, por lo cual fue aprobada con carácter de urgencia.