Tras investigación que revela robo millonario, régimen califica las propiedades como "recuperadas"

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR), respondió a la investigación realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) sobre las ilegales confiscaciones de propiedades y las calificó como recuperadas por el Estado de Nicaragua.

“El Estado reitera su estricto cumplimiento, al respeto de la Propiedad Privada, en conformidad con lo establecido, en el artículo 44, último párrafo, de nuestra Constitución Política, que prohíbe la confiscación de bienes”.

Señala la nota de prensa divulgada un día después de conocerse la investigación de las ilegales confiscaciones que las estima en más de 250 millones de dólares estadounidenses.

Contrario del informe de OPTA que denuncia las ilegales confiscaciones a empresas, viviendas, propiedades, medios de comunicación, oenegés, universidades, cámaras empresariales, e iglesias, el régimen se justifica y asegura que la “recuperación” fue legal.

“Como es del conocimiento público, al Estado le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el Pueblo Nicaragüense, propiedades, derivadas de procesos penales por Narcotráfico, lavado de dinero; por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, y por enriquecimiento ilícito”.

El texto de la PGR justifica las confiscaciones como restitución de bienes al pueblo nicaragüense “en el marco de la Política de Restitución de Bienes al Pueblo, el Estado ha venido realizando un proceso de saneamiento de los mismos, para su posterior entrega a las familias nicaragüenses que resultaron afectadas por la confiscación de sus bienes”.

Detalla que como parte de este proceso de “recuperación”, se ha iniciado la entrega de títulos de propiedad a las familias beneficiadas en los departamentos de Managua, Masaya, León, Chinandega, Carazo, Granada y Rivas.

Investigación

La investigación titulada "La Nueva Piñata Ortega-Murillo" clasificó a los afectados en siete grupos: ciudadanos desnacionalizados, organizaciones no gubernamentales, empresarios y cámaras empresariales, universidades, la Iglesia católica, medios de comunicación y embajadas y oficinas diplomáticas.

“La información disponible es nula y el terror que impera en Nicaragua por la represión dificulta de forma superlativa que las víctimas se sientan seguras a compartir información…han sido confiscados opositores en sus condiciones de ciudadanos, empresarios, gremios del sector privado, pequeñas y medianas empresas; organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y hasta sedes diplomáticas”, alerta el documento.  

Según OPTA, el informe es un primer esfuerzo de cuantificar lo confiscado, pretenden alertar sobre la deuda pública que se está generando como resultado de la apropiación ilegal de dichos activos por parte del gobierno nicaragüense. 

“Sin embargo, al ser un número inicial, calculado a partir de la escasa información disponible, debe ser visto como un punto de partida para una deuda ingente que crece todos los días, y que todos los nicaragüenses deberán pagar en un futuro”, se lee en la investigación.