Daniel Ortega crea "Consejo" para perseguir en Nicaragua el crimen organizado

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le ordenó a la Asamblea en Nicaragua la creación de un “consejo” que dirigirá la "persecución" del crimen organizado en Nicaragua. 

La iniciativa de “Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos”, llegó el pasado 21 de mayo a la primera Secretaría de la Asamblea y este jueves, fue remitida a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para ser dictaminada. 

En la exposición de motivos, Ortega alega que este Consejo es necesario para fortalecer la lucha contra el delito y la seguridad ciudadana.

Según la iniciativa indica que el Consejo tendrá 15 funciones. Entre ellas "identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos establecidos, así como coordinar la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales para que sean presentadas al Presidente de la República para su aprobación”, se lee en el documento,  las que, según aclaran, deberán ser “presentadas al Presidente de la República para su aprobación”.   

El Consejo estaría conformado por al menos 9 titulares de las instituciones que les corresponde perseguir este tipo de delitos, que son: Unidad de Análisis Financiero, quien lo coordinará; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Banco Central de Nicaragua; Ministerio Público; Ministerio del Interior; Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras; Dirección General de Ingresos; y Dirección General de Servicios Aduaneros.

El Consejo también deberá contribuir al “desarrollo de capacidades operativas e investigativas” y al diseño de programas de capacitación para los funcionarios públicos y sesionará de forma ordinaria dos veces al año "y de forma extraordinaria cuando lo soliciten sus miembros”, indica la iniciativa.