Urnas Abiertas avizora reducción del número de alcaldías en Nicaragua como lo hizo El Salvador
Corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, son algunas de las justificaciones utilizadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para destituir a 18 alcaldes en Nicaragua, desde la última elección municipal. El organismo Urnas Abiertas estima que Nicaragua podría reducir el número de alcaldías, como lo hizo El Salvador, para centralizar y controlar el poder municipal.
Esta semana el régimen destituyó a la alcaldesa de Boaco, Karla Yaoska Espinoza Peña, quien fue sustituida por Eufemia Montes Torrez, quien fungía como concejal. En Murra, Nueva Segovia, destituyeron a Luiz Averruz López, quien fue sustituido por Melba Dalila Valladares Colindres, quien era la vicealcalde.
También, esta semana, se conoció la destitución de Carla Martin Brooks, vicealcaldesa de Bluefields. La fecha de su retiro, no se precisa, pero indican que fue por supuestos actos de corrupción.
“La vicealcaldesa Carla Martin Brooks, quien había ejercido como alcaldesa de 2013 a 2018, también fue destituida. Según redes ciudadanas, Martin fue removida por un presunto caso de corrupción de 2015”, expresó Urnas Abiertas en un comunicado.
“Es una cacería de brujas que comenzó desde antes de las elecciones municipales. Hay diferentes razones, pero sin duda la más coincidente es el tema de la persecución a la corrupción”, aseguró Ivania Álvarez, integrante de Urnas Abiertas, en entrevista con Álvaro Navarro de Artículo 66.
Según la analista, aunque la dictadura intenta promover una lucha contra la corrupción, también hay pasadas de cuentas, de las que están a cargo los secretarios políticos en cada una de las localidades. Estos parecen ser los enemigos número uno de los alcaldes.
“Los personajes que sobresalen en esta rodada de cabezas son los secretarios políticos departamentales, quienes acompañan a defenestrar los cargos y quienes colocan a las nuevas autoridades. Lógicamente con el aval del Consejo Supremo Electoral, pero que definitivamente también viene de Managua, con el dedo de Fidel Moreno”, expresa Álvarez, quien se auxilia de los datos obtenidos de un observatorio ciudadano que reporta dichas anomalías.
Con respecto a los secretarios políticos, Álvarez asegura que desde el último año fungen como co-alcaldes.
“No solo de las cabeceras departamentales que son a las que pertenecen, sino del resto de alcaldías de su departamento. Como en el caso de Leónidas Centeno, manda en su alcaldía en el municipio de Jinotega, también ayudó a perseguir, exiliar de manera forzosa a trabajadores de alcaldías de los otros municipios, del partido Ciudadanos por la Libertad, en el año 2021 y 2022”, aseguró la también excarcelada política.
Personalidades como Leónidas Centeno, asegura Álvarez, son considerados “Caciques departamentales”, que eligen a quién van a despedir o perseguir.
Urnas Abiertas identifica que entre los motivos de las destituciones efectivamente hay casos de corrupción, como alcaldes que usaron su cargo para quedarse con un terreno, contratar varios familiares dentro de la comuna o fugas de dinero.
“En el caso de la alcaldesa de Ciudad Darío en Matagalpa, Lesbia Treminio, tenía gran cantidad de familiares trabajando. El alcalde de Granada sacaba dinero a través de iglesias evangélicas. En el caso de Rivas, estuvo detenido alcalde y la vice alcalde y ahora es el secretario político quien gobierna. Hay un desastre que rodea a todas las destituciones”.
Y uno de los desastres ocurre en la alcaldía de Nindirí, en el departamento de Masaya, allí la alcaldesa Clarissa Vivas tenía acusaciones de corrupción desde hace casi 10 años.
“Desde el 2014 se le acusa de permisos indebidos de agua, permisos para construir en Veracruz residenciales, permisos para la cementera, proyectos que no fueron terminados. Había una carretera que había costado varios millones de córdobas pero la gente dijo que era imposible que costara eso. Entonces arrastran el tema de corrupción y ahora se les está pasando la cuenta”, indica Álvarez.
De todos los alcaldes defenestrados no hay forma que pudieran defenderse porque no fueron electos con la voluntad popular, sino que fueron cargos “otorgados” por Fidel Moreno y eran producto de un falso proceso electoral.
“Son producto de una elección fallida en el 2021, proceso que predominó la persecución, asedio y arresto de candidatos. Cercenaron partidos políticos, les costó inclusive llenar las cantidades de candidatos. Ubicaban en sus listas a personas que estaban fuera del país, familias completas llenando listas del PLC. La gente no quiso participar en elecciones fraudulentas, entonces, eran cargos otorgados por la pareja presidencial”, señaló la fiscalizadora.
Urnas Abiertas señala que estos funcionarios "corruptos", también, eran ilegítimos “ellos no habían ganado nada, no tienen el respaldo de la población, nadie salió a defender a ningún alcalde defenestrado…y nadie tampoco quiere enfrentarse a las decisiones de la pareja presidencial porque sería incurrir en cárcel, persecución y amenazas”, destacó Álvarez.
En la supuesta cruzada anticorrupción que se realiza en las alcaldías, la población y la militancia sandinista solo saben de la destitución, pero no se oficializan los motivos.
“En la destitución de estos alcaldes corruptos no hay un trámite legal, no tenemos la certeza de por qué fueron defenestrados, es decir, no se explica qué proyecto se robaron, o el monto. Entonces, no es real esta lucha contra la corrupción, porque no hay un resarcimiento a la población”, opina la analista.
Álvarez confirma que ha sido castigado el abuso de confianza y la falta de lealtad “hay destituciones por abuso en la dinámica de corrupción o por la deslealtad, por ejemplo alcaldes a quienes se les ha acusado de estar sacando a sus familiares fuera del país”, sostuvo en la entrevista.
Para la integrante de Urnas Abiertas se avecinan cambios en las estructuras municipales que podrían implicar reformas.
“El número de concejales crecieron muchísimo y no están jugando ningún papel en las alcaldías, solo levantan la mano y la elección de los proyectos ya no está en manos de las alcaldías. Esto pasó a ser historia, los proyectos son aprobados desde managua, lo que viene es una procuraduría municipal donde hay un personaje nuevo que solo informa en qué se va a usar el Presupuesto y así se decapitó la autonomía municipal”, señaló.
Urnas Abiertas no descarta que como en El Salvador, el régimen aspire a reducir el número de municipalidades.
“En El Salvador habían más de 200 municipios y los redujeron a 44. Por ejemplo en Nicaragua podrían centralizar desde las cabeceras departamentales. No hemos visto a la Contraloría, pero sí a la Procuraduría. Esperamos la desaparición de instituciones como el MEFCCA, Ministerio de Economía Familiar, que ahorita con el despido de los trabajadores prácticamente desapareció, así como desapareció el INIFOM, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal”.
Para Álvarez, las alcaldías son la institución más cercana al territorio “en este último año los mueve centralizar, para que no se pierda más dinero. Eso les está afectando y lo vemos con la compactación del Estado”, concluyó Álvarez.