CIDH otorga medidas cautelares a cuatro presos políticos nicaragüenses
Los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Gersom Antonio Zeledón Motta, Eveling Carolina Matus Hernández, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda y Carmen María Sáenz Martínez, recibieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado de prensa, el organismo informó que otorgó medidas cautelares a favor de Zeledón Motta, Matus Hernández, Gutiérrez Poveda y Sáenz Martínez, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
Se desconoce su paradero
Además, el organismo señaló que las detenciones fueron realizadas por agentes policiales mediante operativos y/o allanamientos en sus respectivas viviendas, sin que se indicaran los motivos de los arrestos.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han proporcionado información oficial sobre el paradero o el estado actual de estas personas. “El Estado no proporcionó información a la CIDH”, indicó el organismo.
Ante esta situación, la CIDH considera que los beneficiarios se encuentran en un estado de riesgo, con una potencial afectación mayor a sus derechos. El hecho de desconocerse su paradero y la falta de información por parte del Estado genera preocupación sobre las medidas que se estarían tomando para atender su situación o para dar con su ubicación.
Protección del derecho a la vida
En este contexto, la CIDH subrayó la necesidad de adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las personas beneficiarias, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
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El organismo solicitó información sobre si las personas beneficiarias se encuentran bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención, el lugar de la misma, y la posibilidad de acceso a sus representantes legales y familiares. Además, pidió que se asegure la atención en salud que sea necesaria y que las personas detenidas sean presentadas ante autoridades judiciales para la revisión y monitoreo de su detención.
La medida fue emitida el 24 de octubre de 2024 mediante la Resolución 75/2024.