Aprueban Ley Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua, que obliga a telefónicas a suministrar información de usuarios

Con 91 votos a favor y cero en contra, los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron la iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que busca obligar a las compañías telefónicas a suministrar información de sus usuarios. La nueva legislación sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales. 

La iniciativa presentada en marzo fue enviada para dictamen de Ley a la comisión de infraestructura y servicios públicos del parlamento.

Oligopolio de empresas telefónicas 

El diputado Wilfredo Navarro defendió la aprobación de la nueva legislación y atacó a las empresas telefónicas por consideran que han establecido un oligopolio.

"Esta ley va a promover la competencia porque en Nicaragua existen dos empresas telefónicas que son oligopolio, entonces ahora con este hecho sencillo de darle al usuario su teléfono ellos pueden cambiar de compañía telefónica".

Según Navarro, la ley obligara a operadores telefónicos a ser más equitativos y más competentes, "mejorará el servicio e incidir en menores tarifas y el uso eficiente de la denominación telefónica".

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Señaló que la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales no contemplaba la modernidad y los retos de la tecnología. "La nueva Ley cambia totalmente el marco jurídico anacrónico que se manejaba para administrar el sistema de la telefonía y de las comunicaciones en nuestro país; por eso las características de esta ley es modernidad actual que enfrenta los retos de la tecnología y de las competencias que se generan con esas transformaciones en el sistema telefónico".

Agrega "establece reglas claras, un principio muy importante para la protección de los derechos del usuario, le da a la telefonía el carácter de servicio público para que cuente con respaldo del Estado en la defensa de los derechos de los usuarios".

Aseguró que con esta ley se reducen muchos abusos que cometen las empresas de telefonía en contra de los usuarios "algunos compañeros que me han antecedido han hablado de la portabilidad numérica; el artículo 101 de la ley es el que habla de la portabilidad numérica, es una reivindicación de los usuarios, a veces la empresa cometía el abuso de quitarte el número pero ahora ya no vamos a estar atado a esa empresa por conservar su número".

El jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, (FSLN), Edwin Castro, dijo que en la consulta supuestamente participaron los operadores de servicio "esta Ley fue ampliamente discutida estos siete meses".

Obliga a suministrar información de usuarios

El artículo 109 de esa iniciativa establece: “Los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias”.

“Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”, según la Ley.

Es decir, la información estadística y georrereferenciada deberá ser entregada al estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, que dirige Nahima Janett Díaz Flores, una de las hijas del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es a su vez consuegro de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

el Ejecutivo argumentó que es necesario actualizar esa Ley debido a que la misma es totalmente anacrónica y obsoleta y su “extrema longevidad” contrasta con los vertiginosos avances tecnológicos.

Según opositores en el exilio, con la nueva Ley de Telecomunicaciones, el régimen de Ortega busca establecer una superestructura de control a operadores y usuarios de telecomunicaciones, además de ejercer de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país.

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Entre otros, la iniciativa contempla que la importación de equipos tecnológicos estará bajo supervisión de Telcor, y que los operadores de telecomunicaciones deberán proveer geolocalización de los usuarios de telefonía.

Además obliga a los operadores a permitir inspecciones y que de ser necesarias recurrirán a la fuerza de la Policía Nacional.

Asimismo, establece sanciones contra los operadores de telecomunicaciones que van desde los 0,5 % hasta 2,5 % de sus ingresos brutos derivados del año anterior por infracción de la ley.