Ortega expulsa a Panamá al sacerdote Floriano Vargas en nueva escalada de persecución religiosa
El régimen de Daniel Ortega desterró a Panamá al sacerdote Floriano Ceferino VargasDaniel Ortega desterró a Panamá al sacerdote Floriano Ceferino Vargas, párroco de la Iglesia San Martín de Porres en Nueva Guinea, de la diócesis de Bluefields. Vargas, fue detenido el 1 de diciembre tras finalizar la misa dominical, según confirmó el líder opositor Medardo Mairena.
“El destierro es un crimen de lesa humanidad. Nos informan que el padre Floriano Ceferino Vargas, párroco de la Iglesia de San Martín de Porres en Nueva Guinea, ha sido desterrado por el régimen sandinista de los Ortega-Murillo. País de destino: la República hermana de Panamá”, denunció Mairena en su cuenta en la red social de X.
Previamente, Mairena informó sobre el "secuestro" del sacerdote "secuestro" del sacerdote, exigiendo respeto y garantías para su integridad física. “El clero católico nicaragüense y su feligresía están sumamente preocupados por él”, expresó.
Esta expulsión se produce en un contexto de creciente represión contra líderes religiosos en Nicaragua. En la misma semana se confirmó el destierro del sacerdote Asdrúbal Zeledón Ruizse confirmó el destierro del sacerdote Asdrúbal Zeledón Ruiz, rector del Santuario Nuestro Señor de Esquipulas y colaborador cercano del obispo Carlos Enrique Herrera, presidente de la Diócesis de Jinotega. Carlos Herrera también fue detenido a finales de septiembre y desterradoCarlos Herrera también fue detenido a finales de septiembre y desterrado tras haber sido crítico con el alcalde sandinista Leónidas Centeno a quien llamó sacrílego por interrumpir la misa con alto parlantes.
La persecución no se limita al clero. Según el colectivo Monitoreo Azul y Blanco, entre el 22 y el 28 de noviembre de 2024, al menos 30 nicaragüenses fueron detenidos arbitrariamente en distintos departamentos del país30 nicaragüenses fueron detenidos arbitrariamente en distintos departamentos del país, incluidos León, Masaya y Estelí. Estos actos refuerzan las denuncias internacionales sobre el creciente autoritarismo del régimen de Ortega y Rosario Murillo, que utiliza instituciones como la Policía Nacional para silenciar cualquier forma de disidencia.
Las detenciones ocurren en un clima de creciente represión tras la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional que modifica el sistema político del país. La reforma establece una copresidencia, limita las libertades individuales y públicas, y consolida el control del régimen sobre las instituciones.