Senadores y representantes de EEUU denuncian que dictadura de Nicaragua, utiliza recursos obtenidos en la minería ilegal

Senadores y miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, enviaron una carta a la Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés) solicitando un estudio detallado sobre el impacto de la minería ilegal en el hemisferio occidental. 

En la carta argumentan el flagelo de la minería ilegal y denuncian que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, y de Nicolás Maduro en Venezuela. 

En la misiva, los congresistas expresaron su preocupación por el uso de la minería ilegal de oro por parte de Ortega y otros gobiernos autoritarios como herramienta para consolidar su poder, financiar operaciones y evadir sanciones internacionales.

En el documento, los legisladores señalan que "los gobiernos autoritarios también se han sumado activamente al mercado ilegal del oro para acumular poder, comprar lealtades, perpetuar violaciones de derechos humanos y evadir sanciones internacionales", se lee en la exposición de motivos que hacen los senadores, sobre el por qué debe evaluarse los alcances de la minería ilegal.

En particular, mencionan a Maduro y Ortega de Nicaragua, dictadores que según los congresistas, están utilizando la minería ilegal de oro para fortalecer su control sobre el poder y asegurar la lealtades, un factor crucial para la supervivencia de sus regímenes autoritarios.

El informe destaca cómo esta práctica se ha convertido en una fuente significativa de ingresos para estos gobiernos, permitiéndoles eludir las sanciones impuestas por la comunidad internacional mientras perpetúan su dominio político.

Minería ilegal y el crimen organizado 

Los senadores además señalan la conexión de la minería ilegal con el mantenimiento del poder de las dictaduras, la carta también hace hincapié en los vínculos de esta actividad con el crimen organizado. 

El documento señala que la explotación ilegal de recursos minerales está financiando actividades criminales como el narcotráfico y la trata de personas. Un ejemplo citado es el caso del grupo criminal "Los Lobos" en Ecuador, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación de México y al "Tren de Aragua" de Venezuela, que opera en más de 20 minas ilegales.

La minería ilegal también está provocando graves daños ambientales. Los congresistas resaltan la destrucción de vastas áreas de la selva amazónica y la contaminación de suelos, cuerpos de agua y el aire debido al uso indiscriminado de mercurio en la extracción del oro. Estos impactos no solo afectan el ecosistema, sino que también están poniendo en riesgo la salud pública a nivel regional.

Además, la violencia derivada de la minería ilegal está obligando a muchas comunidades indígenas y rurales a abandonar sus hogares, creando un aumento en la migración hacia las ciudades o incluso hacia los Estados Unidos en busca de seguridad.

Los legisladores han solicitado a la GAO que realice una evaluación integral sobre los desafíos que plantea la minería ilegal en América Latina, especialmente en relación con los intereses nacionales de los Estados Unidos y la seguridad regional. 

La solicitud incluye una revisión detallada de la magnitud de la minería ilegal en la región, la identificación de las organizaciones criminales involucradas, así como una evaluación de los ingresos que estas organizaciones obtienen de dicha actividad.

Entre las medidas solicitadas, también se destaca la necesidad de investigar la interconexión entre la minería ilegal y otras actividades criminales, como el narcotráfico y la trata de personas. Los congresistas también piden información sobre cómo la minería ilegal está contribuyendo al fortalecimiento de los regímenes autoritarios en Venezuela y Nicaragua, y cómo esto afecta la estabilidad de la región.

La carta está firmada por varios miembros clave del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, incluidos el senador demócrata Ben Cardin, presidente del Comité; el senador demócrata Tim Kaine, el presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental; y el senador republicano Bill Cassidy.

También la respaldan miembros de la Cámara de Representantes, como el demócrata Gregory Meeks, ex presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja; el demócrata Joaquín Castro, ex presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara Baja; y la republicana María Elvira Salazar.

La Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO) es una agencia del Congreso de los Estados Unidos encargada de proporcionar información imparcial sobre los programas y operaciones del gobierno federal, con el fin de ayudar a los legisladores a tomar decisiones informadas.