Ortega ratifica a Francisco Díaz como jefe de la policía en Nicaragua, estará en el cargo hasta 2031

Daniel Ortega, a través del acuerdo presidencial número 206-2024, ratificó en el cargo al Comisionado General Francisco Díaz Madriz, como jefe de la policía en Nicaragua. Díaz es consuegro de Ortega y estará en el cargo hasta el año 2031.

El artículo 1 del acuerdo establece: "Nombrar al Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional, a partir del veintiséis de febrero del año dos mil veinticinco, quien quedará en posesión de su cargo a partir de esa fecha". El nombramiento fue publicado este viernes 27 de diciembre en el Diario La Gaceta.

Francisco Díaz, asumió la jefatura de la policía en Nicaragua, el 5 de julio de 2018, en medio de la masacre de Estado en contra de manifestantes. 

Reformaron ley para ampliar periodo a 6 años

El pasado 27 de noviembre, diputados sandinistas aprobaron la Ley de Reforma al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, y de la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, que establecen un período de seis años para el ejercicio del cargo de comandante en jefe del Ejército y de director general de la Policía, respectivamente.

La reforma establece que "el presidente de la República podrá prorrogar en el cargo al director de la Policía Nacional "de acuerdo a los intereses de la nación".

La Policía Nacional es dirigida por el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ha jurado lealtad a la pareja presidencial y al "trabajo ideológico" del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder en Nicaragua desde 2007.

Díaz sancionado por EEUU

Díaz fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 5 de julio de 2018, unas horas antes que se publicara el decreto que lo nombraba Director General de la Policía. La sanción que aplicó Estados Unidos es bajo la Ley Magnitsky por  "graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua" por parte de la policía bajo su supervisión durante las protestas.