ENATREL, único proveedor de internet para todas las instituciones públicas en Nicaragua
Mediante la circular administrativa DGCE-SP-13-2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a todas las entidades y organismos del sector público contratar los servicios principales de acceso a internet y enlaces de datos exclusivamente con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL). Según el régimen esta decisión tiene como objetivo garantizar la transmisión de datos e información con altos estándares de disponibilidad, integridad y confidencialidad.
La normativa establece que su aplicación es “obligatoria e inmediata” para todas las entidades y organismos del sector público a partir del 4 de diciembre de 2024. Asimismo, autoriza a dichas instituciones a suscribir los convenios interinstitucionales necesarios para este propósito.
Por otro lado, el documento aclara que, en el caso de servicios secundarios o redundantes de acceso a internet y enlaces de datos, las entidades públicas podrán contratar con otros proveedores del Estado, siguiendo los procedimientos ordinarios de contratación aplicables.
Según el texto oficial, esta medida se fundamenta en que ENATREL cuenta con una red de fibra óptica que abarca desde la red troncal hasta la última milla, con cobertura nacional. La infraestructura técnica de la empresa permite ofrecer conexiones de gran ancho de banda y alta velocidad de transmisión, resistentes a interferencias electromagnéticas, capaces de cubrir largas distancias con baja latencia.
Para la activista nicaragüense Alexa Zamora, esta medida podría estar vinculada a la Ley de Telecomunicaciones aprobada en octubre pasado. Según declaraciones brindadas al medio La Prensa, la disposición podría generar graves complicaciones en términos de monopolio estatal sobre las telecomunicaciones, especialmente considerando que el régimen Ortega-Murillo ya ejerce control sobre espacios como la radio y la televisión en el país. “Este panorama plantea riesgos significativos para la libertad de información y el acceso a espacios digitales independientes”, afirmó.
Con Zamora coincide la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), que tras la aprobación de esta nueva ley la calificó como una “violación a la libertad de expresión y a la privacidad”.