El eclipse del régimen es en cámara lenta

La rebelión de abril 2018 ha tenido la enorme virtud de desnudar muchos aspectos del régimen Ortega-Murillo que en la grisura de la vida cotidiana pasaban desapercibidas por muchos ciudadanos, incluso por las víctimas de la desigualdad.

Es tan evidente el giro represivo del régimen como su inestabilidad. No hay que engañarse: la relación de fuerzas se degrada negativamente para Ortega-Murillo respecto a la situación de antes de abril 2018.

El régimen ha quedado reducido apenas a su núcleo duro: los aparatos armados (policía, paramilitares, paraestatales, ejercito), sectores de los funcionarios del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral.

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El Estado dictatorial es el instrumento de dominación que, ha recurrido el régimen, imposible de gestionarlo sin apelar, en última o en primera instancia, dependiendo de la coyuntura y del grado de efervescencia de las fuerzas sociales, dando origen al Estado policial.

A pesar del surgimiento del fenómeno del paramilitarismo en el escenario de la política nacional, el régimen se asienta sobre una dinámica sociopolítica todavía fluctuante y con contestaciones sociales palpables en diferentes puntos del país.

Por el momento, el resultado es ambiguo. Ortega avanza con su política represiva, pero sumando desprestigio, inestabilidad y despertando diferentes respuestas del movimiento popular.

Lejos de una consolidación del régimen, Ortega avanza sobre un suelo inestable y no podido propinar, hasta ahora, a una derrota estratégica de la rebelión de abril 2018.

Globalmente, al interior de la Alianza Cívica, los sectores representantes de las clases dominantes tienen la iniciativa política, pero no logran asentar una hegemonía incontestada ni estabilizar una nueva correlación de fuerzas de manera definitiva.

En este marco defensivo para el movimiento social, la ofensiva de los poderes fácticos de hacer un pacto con el régimen es ralentizada por la resistencia social.

Al mismo tiempo, las políticas represivas del régimen avanzan, pero pierde, paulatinamente, su base de masas y se enfrenta a situaciones recurrentes de movilizaciones sociales, aunque sin que emerja un bloque político nacional alternativo. Podríamos definir la situación del régimen como de “inestabilidad hegemónica”.

A 20 meses desde abril 2018, se abrió una etapa que se podría definir como el inicio de un proceso político de “eclipse en cámara lenta” del régimen. Al compás de la crisis sociopolítica asistimos al lento eclipse del ciclo político del “orteguismo autoritario”; en un ritmo político menos acelerado al deseado.

Ante las protestas ciudadanas la respuesta ha sido represión y muerte. El régimen trata de desviar, sin lograrlo, la atención hacia otros temas diciendo que “todo está normal”, es una cortina de humo para tapar los asesinatos e invisibilizar las protestas.

Sin embargo, vemos erosionar lentamente el equilibrio político-social del orteguismo, sus concepciones, su cultura. En el espacio perdido por el declive por el régimen, emergieron nuevos fenómenos y actores políticos.

Pese a las luchas sociales y su espiral de derrotas, la columna vertebral del régimen no se ha quebrado. La ausencia de un liderazgo político nacional alternativo tiende a favorecer a los actores políticos tradicionales para construir un “aterrizaje al suave” para tratar de controlar el descontento social generalizado.

No hay que olvidar que la clase dominante ha mutado luego de sus grandes crisis (1930-1936 y 1979-1990). En cada oportunidad se trató de transformaciones que no afectaron solamente al terreno exclusivamente político sino al conjunto del modelo, implicando cambios en el campo económico, institucional e ideológico.

A cada momento histórico la clase dominante supo reciclarse para mantener su hegemonía ideológica incorporando nuevos miembros y/o eliminando a los contestatarios del pacto sociopolítico que dio origen a la dictadura somocista u orteguista.

Por el momento no sabemos qué modelo encontraremos a la salida de la actual crisis sociopolítica, pero por el momento podemos advertir que la “salida al suave” es una de las posibilidades, la otra es, la consolidación de un “estatismo autoritario” como forma de gobierno post-ortega.

También existe otra alternativa. El incremento de la presión de los Estados Unidos sobre los intereses centrales del ejército, del gran empresariado y de la burocracia gubernamental; razón por la cual, el régimen se vea obligado a aceptar unas elecciones, dentro de la lógica del “aterrizaje al suave”: cambiar para que nada cambie.

Siendo que el régimen Ortega-Murillo ha generalizado un entorno social de inseguridad (incremento de la delincuencia, asaltos, robos), inestabilidad laboral (desempleo) y anomía comercial - mercantil (recesión económica), existe un cierto anhelo de establecer una cierta normalidad en algunos sectores de la población, lo crea las condiciones para un pacto político tradicional.

El deseo de comunidades y la necesidad de protección colectiva de los sectores populares ante las desatadas fuerzas de los paramilitares, parapoliciales y matones, que asaltan y matan, se expresaría de manera favorable a un cambio de gobierno por la vía electoral.

Los poderes fácticos y el régimen necesitan un Estado represivo, de carácter policial, para mantener el modelo de acumulación rentista y excluyente, pero debe estar legitimado por el ejercicio de un acto electoral. Ese acto no puede poner en cuestión ni el Estado ni el modelo de acumulación de capital.

En la lógica del régimen Ortega-Murillo las elecciones son contempladas para legitimar un “estado represivo de facto” contra aquellos sectores, que por diversas razones no pueden ser integrado ni, por ende, dominados.

En la lógica de los poderes fácticos, las elecciones son para minimizar la influencia de los no integrables o descartables a la cúpula del poder; es decir, los campesinos, los estudiantes, los ciudadanos autoconvocados, sectores populares, o sea, los y las “de abajo”.

El objetivo de las elecciones, para las clases hegemónicas, es transformar, en cámara lenta, ese “estado represivo de facto” en un “estado represivo legal” aceptado por la mayoría de población, donde el sistema funciona para el tercio de los “de arriba”.

Es decir, la anquilosada burocracia, los políticos dinosaurios, los poderes fácticos y sectores de la nueva oligarquía tienen el objetivo común de seguir usufructuando los beneficios del poder.

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