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Nicaragua debe de mejorar Institucionalidad para prevenir el lavado de activos, afirma experta

La experta también explicó que para que a una organización sea despojada de su personería jurídica y de su patrimonio se tuvo que realizar una investigación que haya comprobado la existencia del supuesto delito.
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Para evitar el delito de lavado de activos en Nicaragua, el régimen tiene que “realizar mejoras en la Institucionalidad”, afirmó bajo la condición de anonimato a 100% NOTICIAS una abogada con amplia experiencia en temas de lavado de dinero.

La experta señaló que las mejoras en el tema de la Institucionalidad ha sido unas de las recomendaciones realizadas a Nicaragua por el Grupo de Acción Financiera (Gafi), una organización de reconocimiento internacional que fiscaliza a los países firmantes en la prevención del lavado de activos.

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En los últimos dos años, el Gobierno de Nicaragua -usurpado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha despojado a varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de sus personerías jurídicas bajo el argumento del presunto delito de “lavado de dinero” sin que se le haya realizado una investigación a fondo.

“Estas organizaciones tenían años de trabajar en Nicaragua y siempre rendían sus informes, ¿por qué hasta ahora el gobierno se dio cuenta que lavan dinero si siempre rendían informes?”, cuestionó la abogada.

La experta también explicó que para que a una organización sea despojada de su personería jurídica y de su patrimonio se tuvo que realizar una investigación que haya comprobado la existencia del supuesto delito.

Actualmente, la única organización que ha llevado un proceso judicial es la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), y varios de sus extrabajadores y miembros de la junta directiva fueron condenados por cometer el supuesto de lavado de activos. 

“En Nicaragua dicen que las organizaciones lavan dinero sin que las instituciones hayan realizado las debidas investigaciones. Los señalamientos del delito de lavado de dinero son acusaciones delicadas”, expresó.

Organizaciones podrían demandar

La abogada también manifestó que las organizaciones acusadas por la dictadura de cometer el delito de “lavado de dinero”, podrían demandar a nivel internacional al régimen.

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“Las organizaciones podrían denunciar al gobierno de Nicaragua por todas estas violaciones. Recordemos que el Derecho de Asociación es un derecho constitucional, pero también es un derecho humano y se podría recurrir a instancias internacionales para reclamar este derecho”, explicó la experta en prevención de lavado de activos.

“No solo se ha impedido que las personas que formen organizaciones para hacer trabajo. A las organizaciones ilegalizadas también se les ha despojado del patrimonio que poseían, estamos hablando de casas, de vehículos. Y, con la inmovilización de cuentas y de recursos, esto es una violación porque no solo se les ha violado el derecho de asociación, sino de administración”, puntualizó.

La abogada recordó que en ocasiones anteriores, ya ha habido organizaciones que han denunciado a gobiernos anteriores a nivel internacional y para que las demandas en el extranjero prosperen, “se debe de crear una memoria histórica de cuáles son los derechos vulnerados”, señaló.

“Las cosas en derecho se deshacen a como se hacen”, explicó.

Dadas la situación sociopolítica que atraviesa el país, la abogada expresó que debido a la falta de independencia que viven las instituciones del Estado, ve difícil que bajo la dictadura de Daniel Ortega puedan regresar las personerías jurídicas y los bienes expropiados.

“Si podrían recuperar la personería jurídica, pero estoy segura que en este contexto no va a suceder, eso hay que pensar cuando se dé un cambio a un sistema democrático, que es a lo que deseamos la mayoría de los nicaragüenses”, explicó.

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“Este cambio debe apuntar a varias restituciones de derecho, entrar a un proceso de aplicación de justicia real, así como ha habido victimas por violaciones al derecho a la vida y a la integridad física, también ha habido violación de los derechos de la ciudadanía nicaragüense”, finalizó la abogada.

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