Economía nicaragüense: desafíos entre corrupción, remesas y crisis sociopolítica

En 2024, Nicaragua enfrentó un crecimiento económico que no mejoró el bienestar de su población. Economistas analizan las causas y las tensiones políticas que complican el panorama
Equipo de Periodistas
Diciembre 24, 2024 08:15 AM
Vista panorámica de la ciudad de Managua, Nicaragua. • Foto: Fototeca de Canva

La economía nicaragüense enfrentó un escenario paradójico en 2024. Aunque las cifras oficiales destacan un crecimiento económico proyectado del 4% por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), los beneficios de este crecimiento no llegan a la mayoría de la población. 

El economista Enrique Sáenz señala que esta situación está profundamente influenciada por la política de estabilidad cambiaria, con una paridad fija entre el córdoba y el dólar, establecida en una tasa de cambio ligeramente superior a 36 córdobas por dólar. 

Esta medida, aplaudida por los medios oficialistas, tiene un impacto devastador en sectores vulnerables como los pensionados, quienes durante 2023 recibieron un ajuste de solo el 1% en sus pensiones, mientras que los precios de los alimentos subieron un 12%. Este año, el ajuste fue nulo, agravando el deterioro en su poder adquisitivo.

"La estadística oficial del crecimiento de la economía nacional, va a superar el 4% si lo miráramos así de manera aislada, podríamos concluir que es una tasa de crecimiento aceptable. El asunto es que en una economía normal cuando se registran tasas de crecimiento de esta dimensión se supone que debe mejorar el empleo, que debe aumentar el empleo de la población. También en una economía normal que deben aumentar los ingresos, los salarios. Sin embargo, por la estructura económica del país ese crecimiento económico no se traduce en mejoras en el empleo", explicó Sáenz en una entrevista a 100%Noticias. 

Por su parte, el economista Marco Aurelio Peña describe el desempeño de la economía como una "economía del malestar". Aunque el crecimiento económico es una realidad en términos de producción, este no se traduce en un aumento del bienestar de la población. 

Según Peña, el problema radica en la falta de un enfoque de desarrollo humano, donde las capacidades y libertades fundamentales de las personas sean el centro de las políticas económicas. Ambos economistas coinciden en que el crecimiento económico, tal como está estructurado, perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Economía dolarizada y el deterioro del poder adquisitivo

Tanto Sáenz como Peña coinciden en que la economía nicaragüense está altamente dolarizada, lo que significa que los precios están indexados al dólar, pero los salarios no. Esta situación genera un desbalance que afecta directamente a los consumidores. Peña complementa esta visión al enfatizar que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente si no se traduce en desarrollo humano, medido en términos de capacidades y libertades.

En 2024, el costo de la canasta básica superó los 550 dólares, mientras que el salario promedio está muy por debajo de esa cifra. Este desajuste perpetúa la pobreza y limita las oportunidades de las familias para acceder a una vida digna. Según Peña, los bajos salarios en Nicaragua reflejan una economía de baja productividad que no puede resolver sus problemas estructurales solo con políticas monetarias.

Crisis del Empleo: Informalidad y Subempleo

La informalidad laboral y el subempleo siguen siendo problemas crónicos en Nicaragua, los cuales no mostraron mejoría en 2024. De acuerdo con Sáenz, 3 de cada 4 nicaragüenses trabajan en el sector informal, donde carecen de beneficios básicos como vacaciones pagadas, subsidios por enfermedad o cobertura de seguridad social. 

"Con la informalidad laboral no tenés ningún tipo de protección, vacaciones, decimotercer mes, salario mínimo, si te enfermas y no trabajas pues verás cómo comer porque no hay ningún subsidio ninguna pensión. A pesar del presunto crecimiento económico el subempleo tampoco se ha movido y en cuanto a los salarios aunque no está todavía publicada la tasa de inflación final y el comportamiento de todos los precios de los alimentos de todas maneras siempre hay un acumulado que va en perjuicio de la población trabajadora".

Agrega "Más allá del crecimiento económico ese crecimiento económico es un concentrado en un conjunto minoritario de sectores y no filtra al conjunto de la sociedad ni siquiera a las pequeñas o medianas empresas".

Por otro lado, Peña resalta que el 40% de los trabajadores están subempleados, desempeñando trabajos precarios que no garantizan un ingreso suficiente.

Ambos economistas coinciden en que la falta de empleo formal y de calidad no solo afecta el bienestar individual, sino también el crecimiento económico a largo plazo. Esta situación es agravada por la falta de inversión extranjera directa, que se mantiene estancada debido al deterioro del clima de negocios en el país.

Corrupción y Falta de Seguridad Jurídica

Otro punto que destacaron los economistas es que Nicaragua lidera los índices de Percepción de Corrupción en Centroamérica, según Transparencia InternacionalTransparencia Internacional, un factor que ambos economistas consideran clave para entender el estancamiento económico. 

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Sáenz subraya que la corrupción, junto con la falta de independencia judicial y las confiscaciones arbitrarias, disuade a potenciales inversionistas extranjeros. Mientras, Peña dijo que la falta de seguridad jurídica y el sometimiento del sistema judicial al poder político limitan las oportunidades de crecimiento económico.

Remesas: Sostén económico vulnerable

Las remesas familiares, que representan un tercio del ingreso nacional, son una de las principales fuentes de sustento para miles de familias nicaragüenses. Sáenz advierte que el 80% de estas remesas provienen de Estados Unidos, lo que hace a la economía nicaragüense altamente dependiente de este flujo de capital. Sin embargo, la amenaza de deportaciones masivas por parte de la administración de Donald Trumpamenaza de deportaciones masivas por parte de la administración de Donald Trump podría reducir drásticamente este ingreso, generando un impacto devastador en el consumo interno.

"Las migraciones masivas han representado para el régimen una doble ganancia, porque exportan subempleo, exportan desempleo, exportan inconformidad social y reciben a cambio cuantiosas remesas, si se produjera estas deportaciones masivas en tres meses en seis meses en un año en el tiempo que sea eso significaría un desempleado más en Nicaragua y una remesa menos desde el exterior", expresó Sáenz.

Peña agrega que la emigración masiva, aunque alivia temporalmente el desempleo interno, también representa una fuga de capital humano que limita el desarrollo económico sostenible. Cerca del 10% de la población ha emigrado a países como Estados Unidos, Costa Rica y España, un índice alarmante que refleja las condiciones adversas dentro del país.

Relaciones comerciales y geopolítica

En cuanto a las relaciones entre el régimen de Daniel Ortega y China, Peña describe como un intento de sobrevivencia política. Sin embargo, Sáenz considera que esta relación podría generar tensiones con los principales socios comerciales de Nicaragua, como Estados Unidos y la Unión Europea. La reciente decisión de favorecer a empresas chinas en las compras estatales viola acuerdos internacionales de comercio, lo que podría traducirse en sanciones económicas.

"El principal interesado en esta relación es Nicaragua y no China, por lo cual la realidad económica no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que quiero decir con esto es que Estados Unidos no va a dejar de ser el principal socio comercial de Nicaragua ni tampoco va a dejar de ser un socio comercial importante la Unión Europea", dijo Peña.

Enfatiza que las relaciones políticas internacionales podrían terminar perjudicando las relaciones económicas regionales e internacionales "la parte política está molestando cada vez más y termina incidiendo negativamente y termina restringiendo negativamente el desarrollo y el progreso económico del país esa introducción de capitales chinos en el sector comercial nicaragüense en condiciones anticompetitivas".

Expectativas para 2025: Un Futuro Incierto

Ambos economistas coinciden en que las perspectivas económicas para 2025 son sombrías. Advierten que la economía nicaragüense está expuesta a factores externos como la volatilidad de los precios del petróleo y los conflictos internacionales. 

Enrique Sáenz, economista y analista político, señala que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca elevar la crisis sociopolítica interna al nivel de un conflicto internacional. Ante la incapacidad del régimen para resolver los problemas estructurales del país, las medidas adoptadas en los últimos meses evidencian una estrategia de provocación deliberada. 

“Lo único que estas acciones confirman es la falta de solución a la crisis interna”, afirma Sáenz.

Una de las medidas más controversiales es el anuncio por parte del Ministerio de Hacienda que establece la preferencia obligatoria de las compras estatales hacia empresas chinas. Esta disposición viola acuerdos de libre comercio suscritos por Nicaragua, incluyendo el DR-CAFTA y tratados con la Unión Europea y Corea del Sur. Estos acuerdos exigen la igualdad de trato y la no discriminación, principios fundamentales que han sido ignorados deliberadamente.

Según Sáenz, esta decisión no solo amenaza las relaciones comerciales con sus principales socios —Estados Unidos, Centroamérica y la Unión Europea—, sino que también incrementa el riesgo de sanciones internacionales. Estas medidas representan un intento claro de Ortega por polarizar el escenario político y obtener apoyo de sus aliados internacionales bajo una narrativa de victimización.

Otra acción que genera tensiones es la reedición de una ley que garantiza la impunidad de los jerarcas sancionados del régimen. Aunque esta normativa ya existía, el régimen optó por repetir, lo que Sáenz describió como una provocación política destinada a mantener el tema de la impunidad en la agenda internacional. Esta acción refuerza la percepción de que Nicaragua opera fuera del marco del Estado de derecho, lo que complica aún más su relación con la comunidad internacional y el clima de negocios en el país.

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Saénz señala que la economía nicaragüense es extremadamente dependiente de las remesas y de las exportaciones, también está expuesta a los vaivenes internacionales. Según Sáenz, un posible desenlace explosivo en conflictos como el de Ucrania o en el Medio Oriente podría disparar los precios del petróleo, afectando directamente los costos de producción y transporte. Este impacto sería devastador para una economía que ya enfrenta sanciones internacionales y un entorno de negocios adverso.

El 80% de las remesas que sostienen el consumo interno provienen de Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump anunció planes de deportaciones masivas, lo que podría reducir significativamente estos ingresos. “Si estas deportaciones se materializan, significarán más desempleo, más subempleo y una economía familiar más frágil”, advierte Sáenz.

El panorama económico de Nicaragua para 2025 está marcado por la incertidumbreEl panorama económico de Nicaragua para 2025 está marcado por la incertidumbre. La exposición a factores externos como los conflictos internacionales y la volatilidad de los precios del petróleo, sumado a las sanciones y las políticas provocadoras del régimen, complican las posibilidades de recuperación. Además, la dependencia de las remesas y la falta de un modelo económico sostenible limitan las oportunidades de crecimiento.

Peña agrega que el crecimiento económico proyectado, del 3.8%, será insuficiente para resolver los problemas estructurales del país, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción.

En 2024 la economía se caracterizó por un crecimiento desigual que no mejora las condiciones de vida de la mayoría de la población. Tanto Enrique Sáenz como Marco Aurelio Peña coinciden en que el modelo económico actual perpetúa la pobreza y la exclusión social. Para cambiar esta realidad, es fundamental implementar políticas que prioricen el desarrollo humano, la reducción de la corrupción y la creación de empleos dignos.

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