Enrique Sáenz: Razones y sinrazones de la rapiña recaudatoria del régimen

Además de los agobios que provocan la #pandemia y la crisis socioeconómica, la población nicaragüense debe soportar las oleadas represivas, que no cesan, y lidiar con la rapiña que ha desatado el régimen sobre los bolsillos de familias y empresas. Ahora con el agravante de que el despojo pasó de córdobas a dólares.

¿Cuáles son las razones del desenfreno recaudatorio de la mafia en el poder sobre la cada vez más escuálida condición económica de los #nicaragüenses?

Vamos por partes

El Banco Central publicó un informe sobre el comportamiento, en el mes de abril, de la economía nacional. Más allá de los cuestionamientos habituales sobre las manipulaciones estadísticas que practica esa institución, el documento ofrece información útil para estimar la gravedad de la situación económica y social de familias y empresas.

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Para mayor fidelidad, leeremos las líneas más elocuentes del informe: El Índice Mensual de Actividad Económica,  “…registró una disminución de 9.5 por ciento con relación a abril de 2019”. Este comportamiento se explica por “…disminuciones registradas en las actividades de: hoteles y restaurantes, -56.1 por ciento; industria manufacturera, -24.6 por ciento; intermediación financiera y servicios conexos, -17.5 por ciento; explotación de minas y canteras, -17.3 por ciento; energía y agua, -16.7 por ciento; entre otras…En las actividades primarias, disminuyeron además de la explotación de minas y canteras, las actividades de pecuario, pesca, silvicultura y la agricultura”.

O sea que todas las actividades productivas se desplomaron. Y de manera drástica. Si consideramos que en abril detonó la alarma nacional por la pandemia, podemos tomarlo como referente para vislumbrar lo ocurrido en mayo y junio.

Naturalmente, un desplome de esa magnitud tiene múltiples y graves consecuencias. Por hoy nos limitaremos a dos.

La primera es el empleo, que se encuentra directamente relacionado con los ingresos de la población, su poder de compra y la pobreza. Ahora debemos incluir el hambre entre las repercusiones.

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Para darnos una idea de la situación actual del empleo, tomaremos como punto de partida el informe de INIDE correspondiente al primer trimestre de este año. Según el reporte oficial, al mes de marzo el 60% de la población laboral se encontraba en condición de desempleo o subempleo. Sobre esta precaria base se descargó el desplome económico de abril. Si a esto le agregamos la caída de ingresos provenientes de las remesas podemos imaginar las privaciones y pesadumbres que se ensañan sobre la inmensa mayoría de los nicaragüenses.

Pero esos agobios al régimen le tienen sin cuidado. Tan es así que no ha adoptado una sola medida que contribuya realmente a amortiguar el impacto de la crisis ni a nivel empresarial ni a nivel de la población. Todo lo contrario.

Evidentemente, la prioridad de la mafia en el poder es financiar el aparato del Estado, a fin de mantener aceitada la capacidad operativa de las fuerzas represivas y sostener a su clientela política enquistada en las instituciones públicas. Están sedientos de ingresos y es precisamente aquí donde se registra la segunda consecuencia del desplome económico. Si caen los ingresos de las empresas, caen los impuestos que cobra el régimen.

Para que nos demos una idea, recordemos el estudio que publicó el COSEP en el mes de junio sobre las repercusiones del #COVID en las empresas.

Basta citar tres datos: el 7% de las empresas habían clausurado sus operaciones para la fecha del estudio y el 46% suspendieron parcialmente sus actividades. Es decir, el 53% de las empresas de la economía formal se encontraban paralizadas o semiparalizadas. Evidentemente, detrás de este porcentaje de empresas afectadas se encuentran miles de cabezas de familia, varones y mujeres, que perdieron su empleo y sus ingresos. Y las perspectivas eran de un empeoramiento mayor, pues el 40% de las empresas consultadas manifestaron tener planes de despedir más trabajadores.

En estas condiciones, el pago de impuestos, los costos de energía eléctrica, comunicaciones y combustible, más los pagos al INATEC y al INSS, generan una condición de extrema vulnerabilidad para las empresas de todo tamaño, particularmente para las pequeñas y micros.

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Corresponde recordar, además, que a inicios del año pasado el gobierno descargó dos hachazos sobre la economía de las familias y de las empresas: las reformas a la seguridad social y las reformas tributarias.

En resumen: a menor actividad económica, mayor desempleo y menor capacidad de compra de la población. A menor demanda, menores ventas. A menores ventas, menos ingresos para las empresas. Menores ingresos obligan a reducir costos, incluyendo despidos de personal. Y así se realimenta el ciclo.

Y es sobre esta frágil condición de familias y empresas que el régimen desencadena su rapiña para bolsear a moros y cristianos con todo tipo de impuestos y cobros. Y no les bastó hacerlo en córdobas. Ahora los impone en dólares.

En conclusión, con Ortega en el poder no podremos ver el sol claro ni las familias, ni las empresas, ni el país.

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