Crece el escándalo por el viaje de Delcy Rodríguez a Trinidad y Tobago: renunció el ministro de Transporte del país caribeño

Un nuevo viaje de la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, vuelve a provocar un escándalo internacional. La funcionaria chavista, bajo sanciones de Estados Unidos, voló a Trinidad y Tobago el pasado 27 de abril para mantener una reunión con el primer ministro de la isla, Keith Rowley.

En medio de la polémica y controversia que se suscitó en las últimas semanas por ese encuentro, en las últimas horas renunció el ministro de servicios públicos de Trinidad y Tobago, Robert Le Hunte.

Julio Borges, canciller del gobierno interino de Juan Guaidó, señaló este jueves que el funcionario trinitense, en medio de las fuertes tensiones en el gabinete, se negó “a ser parte de un esquema de corrupción y robo al pueblo venezolano que impulsa Delcy Rodríguez en ese país”. “La dictadura solo lleva desestabilización y crimen a los países, es una amenaza para la región”, advirtió el diplomático, que se encuentra exiliado en Colombia.

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El pasado martes, el embajador de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago, Joseph N. Mondello, emitió un breve comunicado en el que dio detalles de la conversación privada que mantuvo con el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, tras la visita de Delcy Rodríguez a Puerto España. El funcionario norteamericano sostuvo que la isla no cumplió con las obligaciones del Tratado de Río (TIAR).

“El artículo 20 del Tratado de Río deja en claro inequívocamente que todas las medidas impuestas por el órgano de consultas, como las restricciones de viajes a la señor Rodríguez, son vinculantes para todas las partes del Tratado, hayan votado o no a favor de tales medidas”, apuntó Mondello.

Borges indicó que el avión en el que viajó la vicepresidenta de Maduro y su delegación también “está sancionado”. “La acompañaron Asdrúbal Chávez y otros funcionarios de PDVSA, buscan firmar acuerdos petroleros y gasíferos de espaldas al país”.

El mismo 27 de abril que se llevó a cabo el viaje, Chávez fue designado como presidente encargado de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en una reestructuración de su gabinete que realizó Maduro días después de ser acusado de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia norteamericano.

En febrero de este año, el gobierno de Trinidad y Tobago, un importante exportador de gas natural licuado (GNL), canceló un acuerdo de desarrollo gasífero con PDVSA debido a las sanciones de Estados Unidos a la estatal venezolana. Según la agencia Reuters, el acuerdo implicaba el desarrollo conjunto de un campo de gas natural en la costa marítima venezolana.

El diario local Daily News reportó que, un día después de la visita de los funcionarios chavistas, el 28 de marzo, la petrolera estatal del país, Paria Fuel Trading Company, recibió un pedido de 150 mil barriles de gasolina de parte de un comprador inusual: ES Euro Shipping SA. Esa compañía, registrada en Suiza, es propiedad de José Guillermo Ruperti, hijo del controvertido magnate venezolano Wilmer Ruperti. El destino final del cargamento sería la isla de San Eustaquio, en las Antillas menores. No obstante, los problemas aparecieron cuando Euro Shipping pidió a Paria autorización para que la empresa venezolana IC Global participara de la operación. La gerencia de la estatal trinitaria se comunicó directamente con José Guillermo Ruperti para advertirle que, según las cláusulas del contrato, el combustible no podía terminar en Venezuela debido a las sanciones. El 21 de abril, un día después de que partiera el buque Aldan, con bandera liberiana, el empresario solicitó entonces un cambio de destino del envío: quería que el cargamento llegara a Aruba.

El 26 de abril, finalmente, arribó a la refinería venezolana Amuay un cargamento de 150.000 barriles. El barco era Aldan; el vendedor: Maroil Trading, una empresa registrada en Panamá propiedad de Wilmer Ruperti y donde su hijo, José Guillermo, oficia como secretario.

Este escándalo se da en momentos en que el régimen de Maduro está en la mira de la comunidad luego de que Irán enviara cinco buques petroleros, pese a las tensiones y sanciones de Estados Unidos. Las naves iraníes se dirigen al país con gasolina y productos petroleros, en plena escasez de combustibles en Venezuela. Si bien el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino López, confirmó que naves, buques y aviones de la Fuerza Armada escoltarán a los petroleros iraníes, también hay especulaciones de que el cargamento podría llegar a otra isla, y de allí ser transportado a Venezuela.

El gobierno trinitense rechaza las acusaciones

El primer ministro Rowley se limitó a negar que la visita de Delcy Rodríguez estuviera relacionada con la acusación de Estados Unidos al régimen venezolano de narcotráfico.

El Ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, sí matizó a través de un comunicado el motivo de la visita de la vicepresidenta de la dictadura venezolana y dijo que la reunión tuvo como eje la propagación del COVID-19 por la región y la situación de los venezolanos en Trinidad y Tobago.

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No obstante, la explicación del Ejecutivo no conformó a la prensa y la oposición del país. Es que ya por esos días las fronteras estaban cerradas y el tráfico aéreo suspendido por la pandemia. El hecho de que muchos altos mandatarios mundiales hayan suspendido desde hace días reuniones personales y que se hayan sustituido por videoconferencias levantó interrogantes entre la prensa local sobre la urgencia del encuentro.

La líder de la oposición, Kamla Persad-Bissessar, cuestionó la falta de transparencia sobre la visita de Rodríguez a la isla y el que se tuvieran que abrir las fronteras para permitirle entrar. Fustigó, en tanto, que mientras Rowley abrió las fronteras para reunirse con la dirigente chavista, había rechazado movilizar a la aerolínea nacional para recoger a compatriotas varados en el extranjero por el coronavirus.

Nuevo escándalo internacional de Delcy Rodríguez

En 2018 la vicepresidenta venezolana, tras ser acusada de “violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela”, fue incluida en una lista de 11 funcionarios chavistas sancionados por la Unión Europea (UE), por lo que desde ese entonces tenía prohibida la entrada a los países miembros del bloque y congelados sus activos financieros.

Pese a esas sanciones, Rodríguez se reunió el pasado mes de enero, en privado, con el ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, en el aeropuerto internacional de Madrid, lo que desató una fuerte polémica internacional. La escala de Rodríguez -quien luego siguió camino a Turquía- se produjo en pleno viaje por Europa del presidente encargado Juan Guaidó, quien se reunió con distintos jefes de Estado del continente, pero no con el español. En su lugar lo recibió la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya. Guaidó se reunió también con autoridades de los partidos opositores.

El hecho generó controversia tanto entre las distintas facciones ideológicas del Parlamento español como dentro de la coalición gobernante, compuesta por el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos. La oposición, compuesta por el PP, Ciudadanos y VOX, convocó a Ábalos al Parlamento para cuestionarlo por sus acciones. Y el PP introdujo una moción para cesarlo en su cargo. También solicitó acceder -a través de un proceso legislativo- a las grabaciones de la Terminal 4 del aeropuerto para observar los movimientos de ambos. Pero su intento fue infructuoso.

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En tanto, dos figuras con peso en el partido, como los ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, han criticado y aplaudido (respectivamente) la actuación de Pedro Sánchez. Zapatero, de estrecha cercanía al régimen chavista, viajó el 7 de febrero a Venezuela para reunirse con Maduro.

El incidente se trasladó a instancias supranacionales: el Parlamento Europeo debatió el 11 de febrero si con el encuentro España infringió las sanciones de la UE. Pero los exponentes fueron exclusivamente españoles, que discutieron acaloradamente en el recinto.