Costa Rica desarticula red de trata de personas liderada por ticos, nicas, dominicanos y panameños

Costa Rica desarticuló a una presunta organización criminal de trata de personas con fines de explotación sexual, que operaba en San José, Guanacaste, Cartago y San Carlos, Alajuela.

La Policía Profesional de Migración (PPM), bajo la dirección de la Fiscalía de La Fortuna de San Carlos, realizaron diez allanamientos en los sectores donde operaba la red.

En el operativo se detuvo a diez personas de apellidos Chavarría Sevilla (madre e hijo, uno de ellos líder), Sánchez Pérez (líder), Mejía Vega, Cruz Isaguirres, Santamaría Caballero, Eguigure Toruño, Chavarría, Zeledón Chavarría, Altamirano Ampie, de nacionalidades costarricenses, nicaragüenses, dominicanos y panameños, todos investigados por el delito de Trata de Personas. 

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El Ministerio de Seguridad Pública informó que la investigación inició en el 2019, en la que se detectaron indicadores del delito de Trata de Personas; “se iniciaron las diligencias policiales de investigación, logrando comprobar que existía una presunta organización criminal conformada por colaboradores encargados de administrar diferentes establecimientos comerciales utilizados para la explotación sexual de mujeres”, indica la nota de prensa. 

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La organización criminal supuestamente utilizaba anuncios en periódicos locales, redes sociales para captar a personas costarricenses y extranjeras (nicaragüenses, mexicanas, panameñas, dominicanas y colombianas) en condición de vulnerabilidad para ofrecerles  ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero. 

Según las autoridades, la red contaba con un alto nivel económico para seguir operando de forma clandestina en locales comerciales, pese a las restricciones establecidas por el Ministerio de Salud por el COVID-19.

La red criminal trasladaba a las víctimas a los nueve establecimientos por los servicios sexuales, cobraban entre 16 mil hasta 500 mil colones, en dependencia del perfil y solicitud del cliente.  

“La organización sometía a las víctimas a permanecer en los establecimientos bajo diferentes medios de coacción y amenaza, se les impedía salir de los lugares sin previa autorización de los ahora imputados, y en ocasiones eran obligadas a consumir drogas”, reza la nota de prensa. 

Los imputados serán procesados en los Tribunales de Justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por el delito de Trata de Personas que tiene una pena de prisión de ocho a dieciséis años con los agravantes relacionados.