El Congreso de Guatemala suspende aprobación del presupuesto para 2021

Después de que Guatemala viviera un fin de semana marcado por protestas ciudadanas y enfrentamientos entre manifestantes y policías, el Congreso de ese país dio marcha atrás en la aprobación del presupuesto para 2021.

Allan Rodríguez, presidente del Parlamento, a primeras horas del lunes en cadena nacional justificó la decisión diciendo que “con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021”.

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El presupuesto de la nación para el próximo año fue aprobado por el Parlamento, la madrugada del miércoles pasado. Dos días después, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, solicitó al presidente Alejandro Giammattei que ambos renunciaran a sus respectivos cargos. Castillo, además manifestó su descontento por la forma en cómo se había manejado la aprobación del presupuesto.

El presidente Alejandro Giammattei denunció el domingo que las protestas buscaban darle un golpe de Estado y, según la agencia The Associated Press, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que interviniese para lograr solucionar la crisis hasta ahora más grave de su gobierno.

De acuerdo con información publicada por la agencia de noticias AFP, el descontento entre diferentes sectores de la ciudadanía obedece a que el gobierno de Guatemala no priorizó en el capital asignado a los gastos de la nación “el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes” -según cifras oficiales- y dejaba de lado la educación y la salud, en momentos en que la pandemia se ha cobrado más de 4.000 vidas y casi 120.000 contagios en el país. Sin embargo, privilegió el desarrollo de infraestructura.

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Después del anuncio de la suspensión, los parlamentarios guatemaltecos tendrán hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, ciñéndose a la ley del país. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10.390 millones de dólares.

Para el presidente del Parlamento, esta situación creará un “espacio de discusión para la gobernabilidad del país”.