El presidente de Poder Judicial de Perú pide que las FF.AA. custodien sus sedes

El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, pidió este lunes a la mandataria Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas custodien las sedes judiciales del país, puesto que desde el inicio de las protestas antigubernamentales, en diciembre pasado, 14 de estas han sido atacadas y siete incendiadas.

"He decidido dirigirme mediante oficio a la señora presidenta de la República para solicitarle que las Fuerzas Armadas custodien los locales judiciales, y espero que la Presidencia de la República nos brinde su apoyo, toda vez que el garante de la seguridad interna y el orden es el Poder Ejecutivo", dijo Arévalo en una rueda de prensa.

También pidió a los demás poderes cumplir con el rol que les corresponde "de acuerdo a la Constitución y con los altos intereses de la patria".

Arévalo participó en una reunión de monitoreo con distintos titulares de cortes superiores y detalló que 14 locales judiciales han sido afectados y siete han sido incendiados en el desarrollo de protestas antigubernamentales que piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.

El último ataque a una sede judicial fue el viernes pasado en Macusani, ubicada en el sureño departamento de Puno, donde esta fue incendiada y, según explicó Arévalo, 645 expedientes fueron dañados.

El titular del Poder Judicial mostró su preocupación por estos ataques y rechazó el uso de la violencia y la destrucción de la propiedad púbica y privada.

En la reunión, los presidentes de varias cortes superiores de Justicia fueron relatando episodios de saqueo y vandalismo por parte de manifestantes a las sedes del Poder Judicial y mostraron imágenes de cómo han quedado tras los ataques.

Desde que empezaron las protestas, manifestantes han incendiado, además de sedes judiciales, instalaciones públicas, de la Fiscalía, comisarías y puntos fronterizos con Bolivia, y 62 personas han fallecido.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, 45 personas que participaban en las protestas fallecieron fueron fruto de enfrentamientos, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes. A estas víctimas, se suman nueve decesos en sucesos relacionados con los paros,

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) confirmó también la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) la de un bebe nonato, cuya madre, embarazada de 7 meses, no llegó a tiempo al hospital. La Policía confirmó también dos muertes más en la norteña región de La Libertad.