La "represión institucional" se incrementó de cara a las elecciones de Venezuela, dice ONG

La "represión institucional" en Venezuela se incrementó en 2023, cuando, según un informe presentado este jueves por la ONG Acceso a la Justicia, el Estado "preparó el terreno para las elecciones" presidenciales de 2024 -que se celebrarán el próximo 28 de julio- con inhabilitaciones políticas, intervenciones de partidos y nombramiento "inconstitucional" de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según el informe, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista, nombró en 2023 un nuevo CNE, pese a que "los diputados no debieron convocar un nuevo proceso de designación" de nueva directiva, sino designar "reemplazos" de rectores, ya que la saliente había cumplido poco más de dos años, de los siete que debe durar su periodo, según la normativa.

Además, Acceso a la Justicia señaló que la AN "nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición", cuando la Constitución establece que el CNE "estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos", una decisión que "pone en duda la capacidad" de esta instancia "para organizar comicios libres, justos, transparentes y competitivos".

Asimismo, recordó que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió "un recurso contencioso electoral" para dejar sin efecto las primarias de la oposición, una vez ya celebradas, en las que ganó María Corina Machado, quien no pudo concretar su candidatura a las presidenciales, debido a una inhabilitación administrativa que le impide optar por cargos públicos hasta 2036.

La organización destacó que no se ha publicado la sentencia sobre la anulación de las primarias, por lo que se desconoce "las razones jurídicas por las cuales se dicta". Tampoco es público el documento sobre la inhabilitación de Machado, por lo que "nadie sabe por qué fue inhabilitada", afirmó el codirector de la ONG, Alí Daniels.

Recordó que el TSJ "ha actuado como interventor", en especial "sobre sindicatos y partidos políticos", lo que -según el informe- "parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas".