ONU denuncia que Cuba toma "represalias vergonzosas" contra los defensores de DDHH
El informe del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Manuel de Oliveira Guterres, señala que el 11 de mayo de 2018, el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, declaró que el organismo había recibido informes preocupantes de que las autoridades cubanas habían impedido que defensores de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil embarcaran en vuelos para viajar a reuniones en el extranjero, incluidas reuniones de las Naciones Unidas.
Entre estos casos figuraban 14 cubanos a los que los funcionarios habían informado de que el sistema informático requería un control adicional. Estas medidas hicieron que los pasajeros perdiesen sus vuelos y, por lo tanto, no pudiesen asistir a las reuniones.
El portavoz pidió a las autoridades cubanas que respetaran el derecho de todos a las libertades de expresión y circulación, y que garantizaran que a los defensores de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil no se les prive injustificadamente de la posibilidad de viajar, incluidos los que planeaban estar presentes durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba el pasado 16 de mayo de 2018 en Ginebra.
Algunos de los casos que recoge el informe de activistas cubanos que vieron denegados u obstruidos sus viajes, bien para tomar parte en el EPU o después de haber participado en eventos de la ONU, fueron los de José Ernesto Morales Estrada (Consejería Jurídica e Instrucción Cívica), Dora L. Mesa (Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil), Juan Antonio Madrazo Luna y Marthadela Tamayo González (Comité Ciudadanos por la Integración Racial).
El reporte señala que a los activistas han sido además citados por las autoridades, informados de su prohibición de viajar, y amenazados concretamente por sus actividades de cooperación con las Naciones Unidas.
El Subsecretario General de Derechos Humanos había abordado esas alegaciones en una comunicación al Gobierno de Cuba el 11 de abril de 2018.
El 10 de mayo de 2018 el Gobierno respondió que las personas mencionadas en la misiva "no merecen ser categorizadas como 'defensores de los derechos humanos' debido a que reciben grandes sumas monetarias de parte de indebidas influencias extranjeras empeñadas en un cambio de régimen".
El Gobierno afirmó que estos individuos deberían llamarse más apropiadamente “agentes extranjeros”, y rechazó categóricamente las acusaciones de represalias.