Presentan iniciativa en Washington a favor de los presos políticos de Nicaragua y Cuba

La nicaragüense Sophia Lacayo y el expreso político cubano Jorge Luis García Pérez (Antúnez) presentaron en Washington una propuesta formal de solicitud para reconocer a los encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y por el régimen castrista en Cuba, como presos políticos.

La solicitud es un paso previo, antes de escalar el caso a Amnistía Internacional. Lacayo y García fueron recibidos por varios legisladores estadounidenses. En las afueras de la embajada de Cuba con sede en Estados Unidos se realizó una pequeña protesta para exigir a ambos dictadores la liberación de los reos políticos.

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Sophia Lacayo y Jorge Luis García se reunieron con el senador republicano Rick Scott, a quien le presentaron el listado de todos los presos, pertenecientes a la sociedad civil, incluidos los seis aspirantes presidenciales de Nicaragua, a quienes el régimen mantiene en las celdas de Auxilio Judicial y con los procesos detenidos por “exceso de carga laboral” de parte de los jueces sandinistas.

Los nombres de los presos políticos fueron avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta cifra incluye a diez mujeres, entre las que se encuentran la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien tiene arresto domiciliario y la exprimera dama María Fernada Flores de Alemán (1997-2002).

El senador Rick Scott mostró su apoyo en la cruzada por hacerle frente al totalitarismo en la región y mostró su preocupación por los atropellos cometidos por los dictadores contra el pueblo que exige un cambio de gobierno.

Reunión con María Elvira Salazar

Bajo el lema “presos por qué”, ambos defensores de los presos políticos también se reunieron con la congresista María Elvira Salazar, quien ha sido una de las voces más críticas de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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“El encuentro fue extremadamente fructífero, nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante y crear conciencia en la Comunidad Internacional. Contar con el apoyo de personalidades influyentes dentro de la política de EE. UU. representa un soplo de esperanza para quienes sufren vejaciones solo por su forma de pensar u oponerse a la jerarquía en el poder”, dijo Jorge Luis Lacayo.

Antúnez hizo énfasis en la influencia desestabilizadora del castrismo en América Latina y como las condenas injustificadas tratan de utilizarse como parte indisoluble a los mecanismos de represión y tortura.

La situación en Nicaragua no ha pasado desapercibida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la denominada ley Renacer para extender la imposición de sanciones a la dictadura Ortega Murillo tres días después de la celebración de las cuestionadas elecciones que calificó de “pantomima” y que le dieron cinco años más a Daniel Ortega en el poder.

“Esta iniciativa busca aunar criterios y desnudar la naturaleza de la dictadura. En el sueño de reinstaurar la justicia, la libertad y la democracia en los países pisoteados”, enfatizó Sophia Lacayo quien, junto a Antúnez, sostuvieron un tercer encuentro presencial con el congresista y ex alcalde del condado Miami Dade Carlos Giménez para exponer el caso de los encarcelados y buscar colaboración y la creación de un frente de legalidad contra los crímenes de Ortega-Murillo.

A pesar de la apretada agenda, se presentaron documentos a las oficinas del senador Marco Rubio y del congresista Mario Díaz Balart, quienes están al tanto y apoyan la iniciativa.

Luego de las conversaciones oficiales, Lacayo y Antúnez sostuvieron un encuentro con expresos políticos y se manifestaron frente a la sede de La Habana en Washington DC.

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“Esto es un llamado de atención no solo para los presos nicaragüenses, sino para los de Venezuela, los de Cuba, los que sufren inmerecidas condenas mientras los gobiernos se lavan las manos como Pilatos”, sostuvo Lacayo.

Además de los 165 presos políticos en Nicaragua más de 800 personas han sido encarceladas en Cuba en el último año por motivos políticos, según la ONG Prisoners Defenders.

La presentación de la denuncia oficial a Amnistía Internacional tiene previsto realizarse a principios del próximo año.