Difícil situación de nicaragüenses en exilio ¿Qué los obliga a emigrar?

Douglas Castro Bonilla, un nicaragüense de 42 años de edad, laboraba como productor audiovisual hasta que estalló la crisis política y social en el país por las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018, y se quedó sin trabajo.

Junto a su esposa, Xiomara Abaunza, comenzó a vender “frijoles cocidos” y, aunque al principio no les iba mal, los frijoles subieron de precio por la crisis, y tuvieron que dejar el negocio.

Entonces crearon "Postres Nicole". Su esposa tuvo la iniciativa de vender en línea los postres, los llevaban a domicilio y luego decidieron abrir una tienda en físico. "Comenzamos con una mesa que me prestó mi abuela, una silla de una vecina y una licuadora", dijo Castro Bonilla.

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Luego vino la pandemia y tuvieron que cerrar temporalmente como precaución. Al cabo de un tiempo, abrieron con muchas dificultades y ahora aseguran que “con ayuda de Dios” y con esfuerzo, cuentan con mucha aceptación.

No obstante, lo que ganan no les alcanzaba para comprar los productos básicos para el hogar, y en muchas ocasiones Castro ha pensado en emigrar. Solo lo detiene la idea de alejarse de su familia.

"Muchas veces decimos que vamos a cerrar y yo me voy a ir. Siempre uno acaricia esa idea, que me voy a ir a otro lado", dijo Castro Bonilla.

En los últimos cuatro años se estima que más de 200.000 nicaragüenses han emigrado como consecuencia de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, según cifras de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Aunque muchos nicaragüenses han salido del país huyendo de la represión del gobierno contra los opositores, otros han emigrado o están considerando emigrar por razones económicas, una difícil decisión para las familias, que tienen que separarse.

En lo que va del presente año, al menos 137,926 nicaragüenses han ingresado a Costa Rica, según las autoridades costarricenses.

Parecido al de Castro Bonilla es el caso de Alexander Herrera, un nicaragüense de 36 años y padre de familia. Hasta el estallido de las protestas, trabajaba en la empresa SINSA como "armador de llantas", pero entonces bajaron los salarios y los precios de la comida subieron mucho "y para esa fecha estaba naciendo mi hija pequeña", dijo.

Tenía pensado marcharse entonces a Costa Rica, pero le salió una oportunidad de laborar en una empresa subcontratada por DISNORTE-DISSUR, la compañía eléctrica de Nicaragua. Pero ante las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, y otros países a funcionarios e instituciones del gobierno de Ortega por violaciones a los derechos humanos, "en mayo del 2021 bajó la producción" y empezó a ganar "3.000 córdobas al mes (unos 85.71 dólares), trabajando de sol a sol", dijo.

Herrera asegura que no tenía otra opción que irse del país porque ya no le alcanzaba su salario para las necesidades de su familia y tomó la triste decisión de dejar a sus tres hijos y esposa para ir a ganar dinero que necesitaba para cubrir los gastos del hogar, pagar deudas y ahorrar para la celebración de los 15 años de su hija mayor.

"Con mucho dolor inicié la travesía" a Estados Unidos, indicó.

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La abogada Astrid Carolina Montealegre, supervisora de Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), destaca que en EEUU desde 2019 se han producido 146,648 deportaciones de nicaragüenses, mientras que solo 8,671 permanecieron en EEUU.

"La mayoría de las solicitudes [de asilo] son negadas", señaló.