CENIDH y CEJIL demandan ante la CIDH al Estado de Nicaragua

Esta mañana, representantes del Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), hicieron entrega de una petición inicial contra el Estado de Nicaragua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La petición inicial es el primer paso en un proceso que busca llevar a juicio al Estado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Nicaragua forma parte por su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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La petición tiene como eje principal responsabilizar al Estado de Nicaragua por el allanamiento ilegal de las oficinas del CENIDH y la cancelación de su personería jurídica, situación que a la fecha continúa sin respuesta, pues, la Policía mantiene desde 2018 ocupadas las instalaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin resolver los recursos interpuestos, dos de amparo y uno por inconstitucionalidad.

La demanda además visibiliza las constantes agresiones y hostigamientos que vivieron los trabajadores del CENIDH tras el intento de destrucción de ese instrumento de lucha, razones que suscitaron el exilio de algunos. Los agravios persisten para quienes continúan defendiendo derechos en Nicaragua.

“Los defensores y defensoras en el CENDIH siguen en la lucha con muchas limitaciones asumiendo los riesgos y estigmatizaciones a un costo emocional muy elevado, con una sensación de clandestinidad e impotencia y el peligro constante de ser criminalizados y agredidos por seguir ejerciendo el derecho a defender derechos, en un país donde los espacios para ello se cierran cada día más“, expresó Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH, quien a la vez manifestó que la presentación de este caso ante la CIDH constituye un importante paso adelante en la búsqueda de la justicia Las peticionarias consideran que esta serie agresiones parten de una estrategia de ataque frontal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, lo que impulsó a que en 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgara medidas de protección a los integrantes del CENIDH y a otras personas defensoras.

Sin embargo, el control absoluto de las instituciones del Estado por el Gobierno de OrtegaMurillo, hace que los recursos judiciales nacionales no funcionen para procurar justicia. “La violación sistemática y masiva de derechos humanos en Nicaragua, que ha llegado incluso a cometer crímenes que fueron catalogados como de lesa humanidad, hace que consideremos cerrados los espacios democráticos internos y tengamos que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Valoramos esta vía como un camino para exigir que se reconozca la responsabilidad del Estado, se lleve a los responsables ante la justicia y se garanticen medidas de no repetición. Esto es urgente, porque las violaciones a los derechos humanos se siguen cometiendo día con día en Nicaragua” señaló Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Mesoamérica.

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El CENIDH es una de las principales organizaciones de promoción y protección de los derechos humanos de Nicaragua, y en el marco de la ruptura democrática que inició en el país en abril de 2018, ha jugado un importante rol en la documentación y denuncia de las violaciones de derechos humanos que sufren las y los nicaragüenses.

Sólo entre abril y diciembre de 2018, el CENIDH acompañó a más de diez mil personas, entre víctimas directas y sus familiares, y recibió más de 2,700 denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno Ortega-Murillo. Asimismo, desde abril de 2018 tramitó ante esta Ilustre Comisión 72 solicitudes de medidas cautelares que benefician a 317 personas, entre ellas, 80 periodistas.

La petición inicial será estudiada por la CIDH para determinar si cumple con los requisitos mínimos de trámite, y con posterioridad le notificará de la misma al Estado de Nicaragua para iniciar el estudio de la admisibilidad.