Despacho 505: Ortega ordena reformas exprés para eliminar cargos que ocupaba el sancionado Iván Acosta

Las sanciones de Estados Unidos están obligando a Daniel Ortega a reacomodar sus fichas y apartar de funciones claves a Iván Acosta, su hombre de confianza en el manejo de las finanzas estatales desde el año 2012.

Como parte de esto, el dictador ordenó reformar con trámite de urgencia las leyes creadoras de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), para desaparecer de sus juntas directivas un cargo que estaba reservado para la persona que Presidencia colocara como ministro de Hacienda y Crédito Público.

En la iniciativa de ley enviada por Ortega a la Asamblea Nacional el 26 de mayo, manda a modificar el artículo 6 de la creadora de Enatrel, Ley 583, que establecía que el ministro de Hacienda ocupara el cargo de fiscal en la Junta Directiva. La reforma establece que el cargo de Hacienda en Enatrel que estaba asignado al ministro de esa cartera, será asumido por cualquier otro funcionario y que el mismo ya será de fiscal si no vicepresidente de la Junta Directiva.

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De igual forma, ordena reformar el artículo 5 de la ley creadora de Enel: suprime reservar el puesto de vicepresidente de la Junta Directiva al titular del Ministerio de Hacienda e indica que ese cargo podrá ser designado a cualquier funcionario de esa cartera.

EFECTOS DE LAS SANCIONES

El pasado 29 de mayo el dictador oficialmente retiró mediante decreto presidencial las funciones administrativas y financieras que tenía Acosta dentro del Ministerio de Hacienda, como resultado de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Además le retiró la representación del Estado en la administración de las acciones estatales de la empresa de servicio eléctrico Disnorte y Dissur.

No obstante, al igual que lo ha hecho en otras instituciones del Estado lideradas por funcionarios sancionados, Ortega mantiene en su cargo a Iván Acosta. De la misma forma que ha hecho tras las sanciones al presidente de la Asamblea, Gustavo Porras; al ministro de Transporte, Óscar Mojica; Francisco Díaz, en la Policía; y Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, entre otros funcionarios.

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Acosta fue sancionado por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Tesoro estadounidense junto al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851 “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”.

“Acosta ha seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega. Además, Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos”, detalló el Tesoro al emitir la sanción.