Represión no para en Nicaragua pese a crisis sanitaria dicen defensores de DDHH

Pese a la crisis sanitaria en Nicaragua los oficiales del régimen de Daniel Ortega continúan vigilando de forma estricta a los disidentes, según denuncian activistas y defensores de los derechos humanos en el país centroamericano.

Con el objetivo de reducir cualquier tipo de protestas el régimen de Daniel Ortega continúa mantenido en las calles a la sancionada policía sandinista como forma de intimidación hacia los opositores de su régimen, en medio de la pandemia del COVID-19 y las necesidades inmediatas a raíz de la crisis sanitaria que vive el país, explica la Voz de Ameria en su resporte sobre la situación de represión en Nicaragua.

Sin contar con el equipo adecuado para prevenir el contagio del coronavirus, únicamente utilizando mascarillas los oficiales el régimen sandinista vigilan de día y de noche e incluso en medio de la lluvia las rotondas, centros comerciales y hasta supermercados.

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Para Vilma Núñez presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la represión en Nicaragua se mantiene en diferentes modalidades.

“Se mantiene la intimidación que representa la movilización social para la policía y es hasta surrealista ver cómo la policía anda reprimiendo con tapabocas, es increíble que supuestamente se andan reservando de la pandemia del coronavirus, pero no dejan de reprimir. Es completamente una cosa surrealista”, resaltó la defensora de derechos humanos.

Sin embargo, se puede observar en la zona donde se encuentra la residencia presidencial que aún permanecen las barricadas impuestas por la sancionada policía sandinista desde el 2018 para proteger a la pareja Ortega-Murillo.

Según Núñez considera que la pandemia ha proporcionado al Estado otra forma para incrementar la represión basada en campanas de descalificación y persecución en contra de periodistas y comunicadores que informan sobre el avance de la enfermedad en el país. La misma campaña es impulsada contra médicos independientes y organismos defensores de derechos humanos que han exigido claridad en el manejo de la enfermedad.

“Los nicaragüenses estamos soportando una triple agresión: la agresión política, la crisis económica y la pandemia que se está convirtiendo en un instrumento más de represión de Daniel Ortega”, dijo Núñez.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Stephen Biegun, recientemente notificó al Congreso de su país que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua continúa incumpliendo las medidas exigidas en la Nica Act para garantizar el respeto a los derechos humanos y elecciones libres y transparentes con el objetivo de restablecer la democracia en el país. Ese informe sería la base legal para más sanciones contra Nicaragua.

Los graves incumplimientos por parte del gobierno serían en “fortalecer el Estado de Derecho y la gobernanza democrática, incluida la independencia del sistema judicial y el consejo electoral”, indicó en el subsecretario Biegun.

Añade también que no hay avances en “investigar y responsabilizar a los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otras personas responsables de los asesinatos de personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018; o para celebrar elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles”.

Los “derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de prensa, expresión y asociación, para todas las personas de Nicaragua, incluidos los partidos de oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas y activistas de la sociedad civil,” tampoco se respetan en Nicaragua afirma el informe presentado por el funcionario estadounidense. 

Según afirma el expresidente de “Hagamos Democracia”, Roger Arteaga “esto también va a provocar que el mismo Congreso instruya al presidente Trump que aumente las sanciones y que presione más para lograr el propósito que se busca, democratizar a Nicaragua”

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Desde el estallido de las manifestaciones sociales en abril de 2018 que fueron reprimidas por la Policía junto a grupos parapoliciales, la sociedad civil, estudiantes, empresarios, campesinos, Iglesia Católica y partidos opositores han exigido el adelanto de las elecciones antes de 2021, mientras el gobierno sostiene que las autoridades del orden público garantizan la seguridad del país que se recupera lenta pero satisfactoriamente de lo que denominaron como “un fallido golpe de Estado”.

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