Sancionada Rosario Murillo ignoró a nicaragüenses varados en peñas blancas

La sancionada vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo ignoró a los casi 600 nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera de peñas blancas desde hace cinco días en condiciones inhumanas.

En su acostumbrada intervención a través de los medios de comunicación oficialistas, Murillo se refirió al ingreso de 100 nicaragüenses procedentes de Panamá, pero evitó pronunciarse sobre los casi 600 nicas varados.

“El Ministerio de Gobernación anoche reportó la llegada de 100 hermanos nicaragüenses más, que están viniendo ordenadamente en coordinación con las Direcciones de Migración de los Gobiernos de Panamá, de Costa Rica, cumpliendo con todas las Normas de Sanidad, de Seguridad, en términos de la Salud, tanto de ellos mismos como de sus Familias y las Comunidades. Llegaron ayer a las 7:20 de la noche”, manifestó Murillo.

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Según la sancionada Murillo a los nicaragüenses se les realizó una revisión rigurosa “para descartar fiebre o síntomas relacionados al COVID-19, y se les orientó la cuarentena obligatoria de 14 días en sus domicilios”, indicó. Sin embargo, a los connacionales varados en la frontera y procedentes de Costa Rica les exigen la prueba del COVID-19.

La semana pasada, el régimen sandinista a través del Ministerio de Salud publicaron la Resolución Ministerial No. 346-2020 sobre el control epidemiológico de las enfermedades bajo vigilancia internacional incluyendo las enfermedades respiratorias, en el caso particular de los naciones establece “Viajeros nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios podrán ingresar al país, pero pasarán a resguardo domiciliar, cumpliendo el protocolo establecido en el país”.

“También tenemos programado recibir otros grupos, de allá, ordenadamente, con todas las Normas de Seguridad que son indispensables para la Vida en nuestros Países”, indicó Murillo. 

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Entre los 564 nicaragüenses varados hay 270 mujeres, 37 niños y 40 adultos mayores en condiciones inhumanas.

Desde la noche del miércoles, los ciudadanos decidieron cerrar las fronteras para impedir la circulación del transporte de carga internacional y presionar al régimen para que apruebe el ingreso.