Organizaciones de derechos humanos rechazan decisión de Luis Almagro de no renovar contrato a Paulo Abrão

Archivo El Nuevo Diario

Las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses expresaron su respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que Luis Almagro informó que no renovará el mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

En un comunicado, la CIDH expresó una enérgica protesta debido a que considera que la decisión de Almagro es “un embate contra su independencia y autonomía”, dado que la CIDH, durante la sesión realizada en México del 8 al 9 de enero de 2020, decidió por unanimidad renovar el mandato a su Secretario Ejecutivo para el periodo 2020-2024.

El activista Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + manifestó que respaldan plenamente a la CIDH y destacó el trabajo de Abrão en Nicaragua.

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“La CIDH ha verificado in situ y Abrão ha visibilizado las graves violaciones a derechos humanos. Gracias a la labor de la Secretaría a cargo de Pablo Abrão la CIDH está estrechamente vinculada a la realidad de lo que sucede en Nicaragua y la situación es conocida en el mundo (...) demandamos respeto pleno a su autonomía e independencia” manifestó Carrión.

Para Carrión, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro debe preocuparse por fortalecer su accionar en Nicaragua “para que cese la represión y debe imitar la beligerancia de la CIDH para que Nicaragua este protegida por el sistema interamericano y universal, para que el pueblo nicaragüense recupere su plena libertad y se respeten los derechos humanos”, indicó.

De igual forma, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (CENIDH) reconoce que la CIDH tiene “autonomía funcional y administrativa de elegir, renovar y separar a sus funcionarios de confianza y es gracias a esa autonomía que realiza su trabajo de manera imparcial, libre de cualquier influencia política, lo que es ejemplo para el mundo”.

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La CIDH logró confirmar la muerte de 328 personas en el marco de la crisis, frente a las 200 que admitió el régimen sandinista, pero también reveló en un informe "Ejecucciones Extrajudiciales" entre policías y paramilitares en contra de los manifestantes, incluyendo arrestos ilegales, torturas, violaciones sexuales, obstrucción de acceso a la salud o a la Justicia por parte de las autoridades, y otros crímenes "de lesa humanidad".

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