La CIDH y su Relatoría Especial expresan preocupación por nuevas amenazas legales a la libertad de expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por la escalada represiva en Nicaragua marcada por el envío a la Asamblea Nacional de dos proyectos de ley que amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas manifestaron a través de una nota de prensa en su sitio oficial. 

“De acuerdo con la información disponible, así como los reportes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) en las últimas semanas diputadas y diputados del partido de gobierno han presentado a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que  establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación” cita parte la nota de prensa de la CIDH.

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Asimismo, destacan que el 22 de septiembre se presentó la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras a registrarse como "agentes extranjeros". “Ello conlleva la obligación de presentar informes, y la imposibilidad de intervenir en cuestiones de política interna y de "ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos". Por último, prevé la posibilidad de establecer, ante el incumplimiento, multas, cancelación la personalidad jurídica, responsabilidades penales por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, e incluso la intervención de muebles e inmuebles y la prohibición de actividades” continúa citando el comunicado.

También recordaron que el régimen de Daniel Ortega, el 28 de septiembre se introdujo el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos que establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales. Entre las disposiciones de esta ley, llama preocupantemente la atención aquella que disponen sanciones penales para la publicación o difusión de "información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra en la población…".
Diversas organizaciones sociales y medios de comunicación independientes en Nicaragua reciben fondos de la cooperación internacional, en el contexto de crisis de derechos humanos y la exclusión de estos medios del acceso a publicidad oficial o las restricciones impuestas por el Estado.

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Por otra parte, la Comisión y la Relatoría Especial ha recibido información sobre el embargo a Nicavisión S.A., propietaria del Canal 12, por una supuesta deuda fiscal de 21 millones de córdobas, por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI). Días atrás, la justicia decretó un embargo millonario sobre el canal en aplicación de esa supuesta deuda, que le impediría continuar funcionando. Los directores del medio afirman que no deben las sumas impuestas y que el proceso siempre continúo sin que ninguna de sus defensas haya sido considerada. Asimismo, la DGI habría impuesto un reparo fiscal a Canal 10 por 110 millones de córdobas.

Finalmente, la CIDH y su Relatoría observan con preocupación el incremento de causas penales en contra de periodistas, invocando delitos incompatibles con la Convención Americana, como el desacato, la difamación e injurias. Uno de los casos más recientes es el de la periodista de radio La Costeñísima Kalúa Salazar, que fue condenada por calumnias luego de denunciar hechos de corrupción en la Alcaldía de El Rama. Según la información disponible, el periodista y director de la plataforma digital Boletín Ecológico David Quintana y el periodista William Aragón también habrían sido denunciados por el mismo delito.

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