Aprobación de cadena perpetua en Nicaragua es un "retroceso" denuncian organismos de derechos humanos

“Un retroceso en materia penal y derechos humanos” califican organizaciones de derechos humanos, la reforma al artículo 37 de la Constitución Política que establece cadena perpetua en Nicaragua. 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (CENIDH) sostiene que es un “manoseo” a la Carta Magna, para amedrentar y seguir instrumentalizando a las instituciones jurídicas del país para continuar la represión. 

El organismo considera que la reforma no es “clara” y genera duras para su aplicación ¿cuál en verdad es la pena que debe prevalecer como pena máxima? ¿La prisión perpetua revisable? ¿Qué es una pena revisable? ¿Revisable por quién? ¿En qué momento procesal?, exponen.

CENIDH señala que la reforma constitucional implicaría una reforma al Código Penal actual, “si bien se contempla que la aplicación será determinada por una ley, no se puede confiar en la seriedad de normas jurídicas que llevarían implícitos nombres y apellidos para ser aplicadas en un escenario de peligrosa y agresiva discrecionalidad por parte de un Poder Judicial”, manifiestan.

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El organismo hizo un llamado a los diputados sandinistas a rectificar y cesar esta modalidad de represión revestida de supuesta legalidad. 

Asimismo, Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, considera que la aplicación es un “retroceso” en materia de derechos humanos debido a que no permitiría la “resocialización” de la persona condenada, la cual es una de las finalidades del derecho penal.

Flores señala que la cadena perpetua no constituye una garantía de “justicia” porque la pena máxima por asesinatos o femicidios no se cumple porque el sistema está colapsado “inoperancia, corrupción, burocracia, parcialidad, politización, entre otros factores que han permeado a los operadores de justicia, vemos el incremento de genocidio y un alto porcentaje de prófugos de la justicia, salen en libertad de forma anticipada y otros no son sometidos a procesos penales como el caso de Dina Carrión”, expresó.

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La activista también expuso que aumentar la pena también implicaría una carga económica “no existe capacidad económica para mantener la cadena perpetua se ha demostrado incluso con la liberación masiva que ha hecho el gobierno entre 8,000 y 15,000 personas , quienes estaban condenados por asesinato y violación en perjuicio de mujeres, niñas y niños” dijo.