Reforma a código procesal penal es un "retroceso" dice Colectivo de Derechos Humanos

El Colectivo de los Derechos Humanos Nicaragua Nunca + rechazó la propuesta de reforma al código penal procesal penal que ampliaría entre 15 a 90 días, los plazos de detención de una persona para realizar una investigación, para algunos juristas es la "legalización" de las detenciones arbitrarias que han caracterizado al régimen de Daniel Ortega.

Es ilegítima y arbitraria" dice el Colectivo, "por ser un retroceso de los derechos humanos y constitucionales, entre otros la garantía de un legal y debido proceso, la libertad individual y presunción de inocencia".

Explican que de acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua toda persona detenida debe ser presentada ante autoridad judicial competente en un plazo de 48 horas, lo que implica acusación por parte del Ministerio Público con indicación de los elementos de convicción para ejercer la acción penal. Los diputados/as de la Asamblea Nacional con esta reforma ampliarían los plazos entre 15 a 90 días para realizar la investigación, con persona detenida, a petición de la Fiscalía. 

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"Con esta reforma pretenden justificar las violaciones a derechos humanos antes señaladas. Además, la Policía Nacional y el Ministerio Público tendrían la potestad discrecional para detener abiertamente a cualquier persona y después de ello investigar los hechos, lo cual sería una violación flagrante a la libertad individual, al principio de presunción de inocencia y a las garantías judiciales" denunció el Colectivo de Derechos Humanos radicado en Costa Rica. 

Reiteraron que los estándares interamericanos establecen la obligación de los Estados de investigar primero y no como se pretende con la reforma procesal penal.

"Dichas reformas constituyen un instrumento para aumentar la persecución y criminalización que atentan contra la ciudadanía que reclama sus derechos ya que en el actual contexto la Policía detiene de forma ilegal y arbitraria, es decir una vez más se refuerza el estado policíaco que se vive en Nicaragua" analizó el Colectivo.

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Esta organización de defensores de derechos humanos, quienes están refugiados en Costa Rica, alertan del recrudecimiento de la persecución que mantiene la policía contra opositores que los amedrenta, "con reformas penales se les amenaza con criminalizar su activismo y se autoriza dejarles detenidos/as hasta por tres meses sin acusación". 

El Colectivo exige al Estado de Nicaragua la no aplicación e inmediata derogación de todas las leyes represivas dirigidas a callar las voces y privar losderechos humanos de la población nicaragüense.