Daniel Ortega mantiene ambiente de "terror" con un modus operandi diferente, dice informe de Derechos Humanos
El régimen de Daniel Ortega continúa con la represión estatal con leves modificaciones, pero con el mismo propósito de control, neutralización y erradicación de las voces disidentes. Según el informe ¡Basta ya de impunidad! predomina “un ambiente de terror generalizado como elemento central para lograr el control de la población e inhibir cualquier expresión que se considere una amenaza” al régimen.
El informe ¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, hasta cuándo? responsabiliza a Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a otros poderes del Estado por provocar la muerte de personas consideradas enemigas del régimen, es decir crímenes de ejecución extrajudicial y crímenes de lesa humanidad, conforme a los estándares internacionales.
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Según el informe, Ortega Murillo actuaron como una “unidad indivisible” en la actuación de las estructuras paraestatales, “las máximas autoridades estatales dirigieron, coordinaron y consintieron la actuación de las estructuras paraestatales empleadas en los ataques en contra de personas consideradas enemigas del régimen; o bien han apoyado para reclutar, conformar y mantener activos a los jóvenes que integran los denominados grupos de choque”, indican.
Además, el documento revela que desde abril 2018 hasta la fecha, los ataques a manifestaciones y tranques revelan patrones repetitivos de los actores estatales y paraestatales como son asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, persecución, de manera generalizada en numerosas localidades y regiones del país.
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De acuerdo con el análisis del informe, dichos atentados contra la vida podrían constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Incluso, los actos de desplazamiento forzado, encarcelamiento y privación grave de la libertad física, tortura y persecución política podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
Recomendaciones
El informe elaborado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) recoge recomendaciones al Estado de Nicaragua y organismos internacionales.
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Entre las recomendaciones inmediatas sugieren desmontar inmediatamente las estructuras estatales y paraestatales, adoptar las medidas necesarias para eliminar los operativos de control, hostigamiento y persecución a las personas que son consideradas opositoras; y se garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y liberar de inmediato a las presas y presos políticos y garantizarles la seguridad de los mismos y dictar las sentencias definitivas que eliminen las responsabilidades penales, entre otras.
Ante los hechos descritos, el informe recomienda a la comunidad internacional condenar firmemente la deriva dictatorial del régimen Ortega-Murillo, exigir cumplimiento de sus obligaciones internacionales y adoptar medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas que considera opositoras al régimen, entre otras.
El informe de más de 90 páginas es el resultado de un trabajo de monitoreo de la situación del país en el período 2018-2020.
El documento analiza 113 muertes denunciadas ante el CENIDH del registro de las 3281 personas fallecidas en el contexto de la represión, describiendo la génesis y consolidación de la política de represión.
El informe demuestra cómo en el país se continúa viviendo bajo ese régimen de represión sistemático y de impunidad.