ONU: libertades cívicas siguen oprimidas en Nicaragua
Las restricciones que impone el régimen de Daniel Ortega a las libertades de expresión, asociación y participación política continúan, a pesar de los casi tres años transcurridos desde las protestas ciudadanas que sacudieron el país.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, lo confirmó hoy al presentar el último informe preparado por su organismo sobre la situación en Nicaragua, conforme al encargo recibido del Consejo de Derechos Humanos.
Ante este foro, Bachelet anotó que recientemente se han adoptado nuevas leyes contrarias a las libertades fundamentales de los nicaragüenses, cuyo "espacio cívico y democrático" sigue reduciéndose.
“Fundamentalmente, la persistencia de la crisis sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años, mientras las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más”, señala el informe.
La comunidad internacional ha intentado en los últimos años presionar al régimen de Daniel Ortega para que relaje la represión y respete el Estado de Derecho, pero los resultados han sido escasos.
La alta comisionada dijo que su oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o agentes progobierno contra estudiantes, campesinos, activistas políticos, y organizaciones de víctimas y de mujeres.
Asimismo se tiene constancia de otros 34 casos de "intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados "opositores".
Aunque las acciones del movimiento cívico se han reducido -en gran medida por la pandemia-, Bachelet sostuvo que las detenciones arbitrarias han proseguido, con la característica de que la mayoría son de breve duración.
Fuentes de la sociedad civil en contacto con la oficina de Bachelet afirman que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas.
“Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, insistió la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La represión en Nicaragua se ha extendido a las comunidades indígenas, que enfrentan la invasión de sus tierras y ataques violentos de los colonos, relató.
Mientras tanto, Bachelet denunció también que las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante las protestas de 2018 siguen impunes, lo que incluye la muerte de más de 300 personas.
En un tipo de abusos de distinto tipo, se ha reportado un aumento de los feminicidios y altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes desde entonces.
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En el segmento del Consejo de Derechos Humanos consagrado a Nicaragua también hubo un reconocimiento por parte de Bachelet de que el régimen de Ortega está intentando aumentar el gasto social y contener la crisis, que comenzó con la desestabilización política de hace tres años.
Bachelet lamentó que el régimen no haya aplicado las recomendaciones que le hizo llegar como resultado de un informe anterior de su oficina, en el que constataba igualmente abusos de derechos humanos sin resolver, en particular, en el área de las libertades políticas.
Frente a esto, la alta comisionada volvió a pedir a Ortega que permita que sus colaboradores entren al país para realizar una evaluación directa de la situación, en particular en el contexto electoral de cara a las elecciones generales previstas para el próximo 7 de noviembre.
Bachelet dijo que desea aportar asesoría técnica a Nicaragua para que se garanticen las libertades públicas durante este ciclo electoral.
Legislaciones represivas
El informe también hace referencia a la aprobación de tres leyes, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación que podrían desencadenar acciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones.
Igualmente preocupante es la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados “delitos de odio”, así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención. Dado el debilitamiento del Estado de derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua, existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes.
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“Aunque me alienta ver que ha habido algunas señales recientes de apertura por parte del Gobierno en la colaboración con las agencias de la ONU en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y a la destrucción causada por los dos huracanes, lamento que las autoridades no hayan aceptado nuestras reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país”, dijo Bachelet.
Este último informe comprende entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, recoge las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades que enfrentan los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos.