Cristiana Chamorro y Movimiento feminista interponen recurso contra Ley de Ciberdelitos o Ley Mordaza

La periodista Cristiana Chamorro junto a miembros de la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro introdujeron un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza, que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

“En las puertas del día del periodista, nosotros que somos parte del equipo de la fundación ya cerrada consideramos que este tipo de leyes tienden a intimidar, reprimir y a quitarnos nuestros derechos, tienden a ir haciendo de Nicaragua una gran cárcel no podemos quedar en eso, no sólo tenemos a los presos políticos a quienes tenemos que exigir su libertad, pero a nosotros nos están encarcelando con ley de este tipo porque nos están dejando sin nuestros derechos constitucionales”, expresó Chamorro.

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La periodista aseguró que la Corte Suprema de Justicia debe escuchar a la ciudadanía y dejar de aplicar leyes de forma discrecional y “caprichosa” “Esto es tocarle la puerta a una institución a ver si acaso escucha porque tienen el deber de escuchar a la población, estas leyes se suprimen desde el primer día en un gobierno democrático, la justicia tiene que existir, la Corte Suprema de Justicia tiene que funcionar manteniendo el Estado derecho para todo, sino que se aplican leyes discrecionalmente con capricho”, manifestó.

Arma de “control”

El Movimiento Feminista La Corriente también interpone un recurso por inconstitucionalidad contra la "Ley de Ciberdelitos". Mirna Blandón señaló que la Ley Mordaza busca el “control” interno a la libre expresión utilizando las redes sociales como un arma de documentación contra las voces disidentes.  

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“Violenta nuestros derecho ya establecidos en la Constitución Política de la República, pretenden entre otras cosas el control interno a la libre expresión, el uso de las redes sociales como un arma de documentación, otorgan facultades a las autoridades para intervenir las comunicaciones no sólo de los medios de comunicación sino de todas las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, de antemano con una iniciativa que apuntaba a este esfuerzo de control de la telecomunicación, creemos que es inconstitucional algunos artículos” dijo Blandón al salir de la Corte Suprema de Justicia. 

La activista María Teresa Blandón argumentó que la Ley Especial de Ciberdelitos “arrebata” el derecho a la libertad de expresión y a tener información de calidad a través de los medios que elijan informarse.

“Violenta a toda la ciudadanía porque nos conculca, nos arrebatan el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tener información de calidad, el derecho a conocer la verdad, el derecho a expresarnos es inconstitucional, es una ley que está encaminada a censurar a la ciudadanía, organismos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y también a la prensa independiente. El movimiento feminista de Nicaragua interpuso un recurso en contra de la Ley de Agentes Extranjeros y ahora en contra de la Ley Mordaza. Nosotros sabemos que hay suficientes evidencias que nos permiten confirmar que el poder judicial no es un poder independiente hay muchos recursos que han dormido el sueño de los justos” dijo la activista.

Castigo con cárcel

La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la seguridad del Estado.

Para los sandinistas, esa ley impedirá que las personas puedan realizar delitos utilizando las tecnologías, y los inhibirá de "provocar, incentivar, motivar o calumniar a través de las redes sociales porque cometen delito, que están tipificados en el Código Penal".

La ley también otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener "congelada" hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.

La norma, según el texto, tiene el objetivo de "prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes".

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La ley perseguirá a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicios al público, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero.