Nicaragua más vulnerable al lavado de dinero, régimen no investiga a sancionados destaca informe de EEUU

LA PRENSA

Nicaragua sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a corrupción, falta de transparencia, narcotráfico y un gran sector informal, así como la falta de acciones en contra de funcionarios públicos y empresas sancionadas por la Oficina de control de bienes extranjeros (OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, señala el reciente informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

Según el informe, la crisis sociopolítica en 2018 desvió la atención de las fuerzas de seguridad de la lucha eficaz contra las actividades ilícitas para impulsar acciones represivas contra grupos de oposición, socavando la aplicación de la ley y desempeño en materia de lucha contra la financiación del terrorismo, por sus siglas en ingles, Antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT).

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley señala que las instituciones u organismos reguladores usan sus poderes oficiales para monitorear actividades de grupos de oposición a favor de la democracia para ocultar transferencias gubernamentales ilícitas.

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El informe advierte que la falta de acciones contra funcionarios públicos y empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Nicaragua representa un riesgo por la filtración de fondos ilícitos al sistema financiero internacional. 

“La politización de las instituciones de Antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) es una preocupación importante. En mayo de 2020, OFAC designó a Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, por apoyar la gestión del régimen de violaciones de derechos humanos y corrupción. Acosta es el titular del Comité Nacional de Antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT), y su designación es indicativa de la ineficacia del comité ALD / CFT para investigar a funcionarios públicos vinculados al crimen organizado. También en 2020, la OFAC designó a la Caja Cooperativa Rural Nacional de Ahorro y Crédito, ( CARUNA) que al parecer controla un estimado de $ 2.5 mil millones en nombre de otra entidad sancionada y funcionarios gubernamentales claves en las sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851”, recoge el informe.

De acuerdo con la Oficina, se refleja una “politización” en las instituciones estatales “Las designaciones de la OFAC siguen a las sanciones contra las empresas controladas por la familia del presidente Ortega. Estas acciones presentan un mayor riesgo de que se filtren fondos ilícitos al sistema financiero y como la  familia ( presidencial) busca trasladar su riqueza a activos que puedan transitar fronteras”.

El 4 de octubre de 2018, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) emitió una advertencia advirtiendo a las instituciones financieras de EE.UU el riesgo creciente de que producto de la corrupción política nicaragüense pueda ingresar o pasar por el Sistema financiero de EE. UU “Persisten las preocupaciones sobre el uso de las leyes ALD / CFT por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido político gobernante del gobierno, principalmente como herramientas de acoso contra grupos de oposición en la política nacional”.


Blanqueo de capitales y tránsito de drogas

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley también señala que Nicaragua sigue siendo un país de tránsito de estupefacientes y vulnerable al blanqueo de capitales.

“Aunque las incautaciones de dinero continúan creciendo, la unidad del gobierno que administra los fondos incautados es controlada por los leales a Ortega. La falta de transparencia genera preocupaciones sobre el destino final de los fondos incautados, que pueden destinarse a apoyar actividades represivas contra oposición, con la facilitación del gobierno de Ortega”, señalan.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), el gobierno incautó $16 millones en efectivo hasta el 13 de octubre de 2020, la cantidad más alta en ocho años. 

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Según el informe, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) está desarrollando una NRA sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiación de la proliferación.

En enero de 2020, la UAF emitió directrices para ayudar a los sujetos que informan a cumplir con los requisitos de SAR. La asamblea nacional controlada por el régimen enmendó la Ley de Registros Públicos para incluir la divulgación de beneficiarios reales de personas jurídicas y honorarios relacionados con el incumplimiento.

“La falta de imparcialidad gubernamental con respecto al ALD / CFT y las regulaciones es una debilidad persistente”, indican. 

En Junio ​​de 2020, una ONG que trabaja en la prevención del COVID-19 fue despojada de su personalidad jurídica y acusada del financiamiento del terrorismo. Mientras tanto, no ha habido investigaciones de individuos y empresas sancionadas por la OFAC por corrupción y blanqueo de capitales.

Las autoridades del sector financiero señalaron la presentación de un SAR sobre una persona sancionada por la OFAC u otro individuo alineado con el gobierno para posibles afiliaciones con el crimen organizado a menudo genera reacciones gubernamentales rápidas contra la institución informante, incluidas amenazas de multas y sanciones administrativas. 

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“Los SAR relacionados con empresas vinculadas al partido sandinista son constantemente ignorados por la UAF controlada por el régimen. MINREX informó que las autoridades realizaron 39 investigaciones y 20 procesamientos de dinero relacionados con el lavado de dinero que implicaron a 27 personas, obtuvieron 10 condenas y confiscaron $ 16 millones hasta el 13 de octubre de 2020”, refiere el documento.

El mayor impedimento para la implementación y ejecución de las normas ALD / CFT en Nicaragua es la politización de sus instituciones públicas. “El gobierno fracasa constantemente en hacer cumplir las leyes contra los funcionarios públicos corruptos mientras sus representantes invierten un tiempo considerable y recursos para monitorear y fabricar evidencia contra los grupos de oposición prodemocrática. El enfoque afecta los esfuerzos ALD / CFT, colocando a Nicaragua en mayor riesgo de crimen organizado”, concluyen.

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