Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua sufren persecución y graves violaciones a las libertades fundamentales

A tres años del inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, en Nicaragua persiste la represión contra las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, defensoras y defensores de derechos humanos, incluidas personas defensoras de la comunidad LGBTIQ, de pueblos indígenas y afrodescendientes, periodistas, opositores y sociedad civil. 

El Estado de Nicaragua implementa una estrategia para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos a través de actos de intimidación, amenazas, campañas sistemáticas de estigmatización, confiscación de bienes, y la aprobación de leyes que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos, como son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos. 

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El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con representantes de tres organizaciones de la sociedad civil que han sufrido represalias por su trabajo de promoción y defensa de derechos humanos. Les pedimos que compartieran su valoración sobre la crisis, un llamado a la comunidad internacional y un mensaje para las personas defensoras de derechos humanos. 

                                                       

Marlin Sierra: Sin presentar ninguna prueba, el Gobierno ha acusado a las ONG de conspiración contra el Estado

Marlin Sierra, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que el Gobierno de Nicaragua ha acusado a las organizaciones no gubernamentales de conspiración contra el Estado. Por tanto, la nueva legislación tiene como objetivo “crear un ambiente extremadamente restrictivo para la labor de defensa de los derechos humanos, reduciendo significativamente sus actividades, y acentuando el estado de terror ya existente en el país”, indicó.  

En diciembre del año 2018, el CENIDH sufrió la cancelación arbitraria de su personalidad jurídica, y el despojo de sus bienes. En febrero del 2021, el Gobierno de Ortega confirmó que se quedará, ilegalmente, con las oficinas del CENIDH en las ciudades de Managua y Juigalpa tras convertirlas en dependencias del Ministerio de Salud (MINSA).

Pese a este grave atentado contra la libertad de asociación, el CENIDH mantiene su trabajo por la defensa de derechos humanos y reconoce el compromiso que tienen los órganos internacionales de derechos humanos con Nicaragua. “No se han limitado a condenar las leyes restrictivas (…) han hecho hincapié en el papel esencial de las personas defensoras, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos”, manifestó Sierra.

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Finalmente, en su mensaje para las y los defensores de derechos humanos, Sierra citó a la Dra. Vilma Núñez, presidenta fundadora del CENIDH: “Defender los derechos humanos es asumir conscientemente los riesgos de enfrentar al poder que los viola”; e hizo énfasis en la importancia de definir nuevas estrategias para continuar resistiendo y acompañando a las víctimas en la búsqueda de justicia. 

Lottie Cunningham: El Gobierno ha formalizado barreras administrativas y burocráticas

Para Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Gobierno ha establecido barreras administrativas y burocráticas para limitar el funcionamiento de las ONG, obstaculizar el acceso a financiación extranjera, y criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

Cunningham señaló que, si bien la cancelación de las personerías jurídicas ha sido la expresión más visible de violación a la libertad de asociación, “también se han denunciado otras disposiciones y acciones negligentes que han reducido los márgenes de operación de estas organizaciones”. 

“(Las organizaciones) se han visto imposibilitadas de acceder a la documentación  necesaria como consecuencia del retraso infundado por parte de las autoridades estatales de emitir las constancias correspondientes (…) Posteriormente imponen multas que generan un mayor gasto de dinero para las asociaciones”, denunció la defensora. 

Cunningham hizo un llamado especial a los mecanismos internacionales de la CIDH y la ONU para que continúen demandando que el Gobierno revise las leyes, abra un espacio público de discusión de su contenido con la sociedad civil, actores y personas expertas en la materia, y asigne tiempo adicional para la consideración legislativa y pública a fin de garantizar que se alineen con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Para sus colegas y pueblo nicaragüense, Lottie envió un mensaje de resistencia: “Continuemos la lucha por la democracia y el Estado de Derecho utilizando los mecanismos nacionales e internacionales, asimismo acciones de civismo”.

Haydeé Castillo: No permitamos que se esfume el sueño de la Rebelión de Abril

Haydeé Castillo, Presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), también confiscado por la policía en diciembre del 2018 y ahora convertido en un centro de estudios adscrito a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), considera que la crisis sociopolítica de Nicaragua “se ha acrecentado”; ya que el país atraviesa una crisis económica, el deterioro del tejido social y la desesperanza del pueblo nicaragüense, que “resiste en una total indefensión ante un régimen de alta criminalidad”.

                                                     

Ante esta situación, la defensora afirma que las dictaduras no entienden de llamados y exhortaciones, y que uno de los grandes desafíos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos es “establecer mecanismos vinculantes y de obligatorio cumplimiento para Estados que han dejado de proteger a sus pueblos”.

Castillo envía este mensaje para sus colegas: “No permitamos que se esfume el sueño de la Rebelión de Abril, de instaurar un sistema donde los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana sean el centro. Sigamos haciendo la historia, sin nuestra labor las víctimas quedarían desprotegidas de justicia, y el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional no podría comprobar que vivimos bajo un régimen que comete crímenes de lesa humanidad”.

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