Michelle Bachelet denuncia "acelerado deterioro" de los derechos humanos en Nicaragua

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización de la situación de los derechos humanos en Nicaragua el cual señala un acelerado deterioro de los derechos humanos, lo cual “aleja” la posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre.

En la 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet, llamó al régimen de Daniel Ortega a un cambio “urgente” en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral, lo cual implica como mínimo liberar de inmediato a los presos políticos; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades para un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar las legislaciones restrictivas del espacio cívico y democrático.

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Además, la Alta Comisionada pidió al Consejo considerar con “urgencia” todas las medidas a su alcance para fortalecer la “promoción” y “protección” de los derechos humanos en Nicaragua, lo cual incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018.

Asimismo, reiteró que es urgente que se autorice el regreso de OACNUDH a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, para superar la crisis que vive el país.

Crisis de derechos humanos

Estas peticiones fueron precedidas por un amplio informe que analizó a profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta al país desde hace más de tres años. 

Bachelet lamentó que Ortega no ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por OACNUDH al Estado de Nicaragua “Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, dijo 

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En su informe, la Alta Comisionada informó que del 2 al 21 de este junio, la Policía y el Ministerio Público detuvo a miembros de la oposición, entre ellos cinco aspirantes presidenciales, cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales. 

“Sus detenciones, bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto, me preocupa especialmente la situación de las mujeres y de las personas adultas mayores privadas de libertad”, manifestó 

Al mismo tiempo, Bachelet rechazó las dos leyes adoptadas en julio de 2018 y en octubre de 2020, respectivamente.  La “Ley nº 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo” y la “Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, las cuales son utilizadas para perseguir a opositores.

Sobre las detenciones arbitrarias, Bachelet subrayó que Ortega ha empleado una reciente reforma del código procesal penal para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, en lugar del término constitucional de 48 horas “impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia”

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La Alta Comisionada reporta hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres presos políticos “Las anteriores acciones en su conjunto generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo”

OACNUDH lamentó que el régimen sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas por la Oficina.