Ambientalista: todo fue una estafa con empresas de maletín, tras sanción a Wang Jing

El ambientalista Amaru Ruiz, director de la ONG ecologista Fundación del Río considera que el régimen de Daniel Ortega no deroga la Ley 840 o Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas porque utiliza los fondos del Presupuesto General de la República para financiar otros proyectos. 

“El régimen mantiene un presupuesto del PGR, dichos fondos los transfieren a la Autoridad Nacional del canal interoceánico porque trata de utilizar este instrumento legal para legitimar subproyectos que estaban considerados con el canal interoceánico, por ejemplo, el puerto de aguas profundas que ya lleva un nivel de avances en las consideraciones y documentos técnicos en la zona de Bluefields”, manifestó Ruiz. 

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El 14 de junio del 2019, la Ley 840 cumplió seis años de vigencia. El acuerdo marco que firmó el Ejecutivo con la empresa concesionaria del canal interoceánico establece en su cláusula 15.2 que, ante la imposibilidad de lograr el cierre financiero de un subproyecto dentro de setenta y dos (72) meses, el Gobierno o el patrocinador correspondiente tendrán el derecho de terminar la concesión para tal subproyecto, según lo establecido. Sin embargo, el régimen se niega a derogar la legislación.  

“La misma ley establecía que una vez que no sé cumplía con el acuerdo marco de concesiones obviamente no iba hacer válido el acuerdo porque se había pasado el tiempo que se definió para el inicio de la obra de construcción del canal interoceánico”, señaló 

Respecto a la expulsión de la empresa Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. (Xinwei Group) y a su presidente, Wang Jing, de la Bolsa de Valores de Shanghai por realizar estafas que provocaron la ruina financiera para miles de personas en China y en todo el mundo. El ambientalista manifestó que el proyecto fue “fallido” porque estaba rodeado de empresas de “maletín” para camuflar dinero ilícito. 

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“8 años después del fallido proyecto promovido por el régimen de Ortega y con la aceptación del sector privado del Gran capital, todo el círculo es un proceso de estafa por la construcción de una serie de empresas de maletín que estaban vinculadas a posibles entradas de dinero de fuentes no transparente y donde habían sospechas de lavado dinero a través de la figura del canal interoceánico y a través de las empresas que habían conformado todo el consorcio de HKND”, indicó el ambientalista. 

Según el acuerdo marco, la falta de cierre financiero de cada uno de los subproyectos del canal es considerado un “evento mayor desestabilizante”, con lo cual el Gobierno puede cancelar la concesión sin asumir consecuencias

La Ley 840 establece en su artículo 23 que para poder ser modificada o derogada se “requerirá de mayoría calificada del sesenta por ciento del total de los diputados de la Asamblea Nacional”, condición que actualmente cumple la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).