Sanciones a funcionarios del sector energético podría paralizar planta de gas de New Fortress Energy en Nicaragua

La ejecución del millonario proyecto de la empresa de origen estadounidense New Fortress Energy, que produciría energía y de gas natural podría quedar paralizada luego de las sanciones impuestas el pasado lunes a funcionarios del sector energético de Nicaragua.

La empresa ha estado negociando con ahora funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El proyecto de la empresa norteamericana había sido anunciado meses atrás por el régimen de Daniel Ortega.

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Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al presidente ejecutivo de Enatrel y ministro de energía y Minas, Salvador Mansell; José Antonio Castañeda Méndez, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y Rodolfo Francisco Gutiérrez López, gerente de la Distribuidora Eléctrica Disnorte-Dissur.

Según el sociólogo, economista y analista político Óscar René Vargas, las sanciones contra esos tres funcionarios de alto rango en el sector de la energía es un “claro mensaje a los inversionistas que están haciendo negocios con la dictadura” en ese rubro que ha resultado ser lucrativo para los “amigos” del dictador, según cita el medio de comunicación Despacho 505.

“Yo creo que es también un mensaje directo a la empresa New Fortress Energy, porque es de capital estadounidense y ha entrado en negocios con los ahora sancionados. Ese proyecto, lo más probable, es que no va a poder continuar”, explica Vargas al medio digital.

Proyecto por terminar

La empresa estadounidense New Fortress Energy tiene previsto poner en marcha el un proyecto de conversión de gas natural en energía eléctrica por valor de 700 millones de dólares, en un momento en que Nicaragua es objeto de sanciones por la “farsa electoral” del 7 de noviembre.

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La planta está ubicada en Puerto Sandino, en el departamento de León y tiene un avance de más del 80%. La empresa inversora, con base en New York, cotiza en la bolsa de valores.

“Según las especificaciones del proyecto, se trata de una inversión 700 millones de dólares y se prevé procesar un millón de galones de gas natural al día, producir 300 MW como parte de la interconexión la red eléctrica de Nicaragua y Centroamérica”, se lee en el sitio web de Despacho 505.

El departamento del Tesoro de EE.UU en su notificación oficial expone que las sanciones aplicadas contra los funcionarios del régimen Ortega-Murillo se aplican contra “quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

La normativa de la OFAC prohíbe, en general, a personas y empresas estadounidenses “hacer negocios con las personas sancionadas”.

Winnie Irizarry, Gerente Proyecto Nicaragua de New Fortress, en declaraciones a medios oficialistas recientemente dijo que “las negociaciones con las autoridades nicaragüenses fueron muy fáciles”. 

Estados Unidos presente en el proyecto

La planta está siendo levantada cerca de Puerto Sandino, contiguo a la Subestación Sandino, “se escogió precisamente estar al lado de la subestación de ENATREL por la facilidad de interconectarse que nos ofrecen, tendremos acceso tanto a la red nicaragüense como a la del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y comercialmente para nosotros es una gran ventaja, ya que podemos vender energía a la red Centroamericana”, dijo en su momento Irizarry.

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El proyecto prevé construir una terminal acuática para recibir el gas licuado desde Estados Unidos. Es decir, el negocio con empresas norteamericanas sería permanente porque contemplan importar gas natural constantemente.

En declaraciones brindadas por el economista Óscar René Vargas a Despacho 505, considera que las sanciones estadounidenses contra los operadores políticos y financieros de la dictadura van a seguir golpeando todos los sectores por donde el régimen se oxigena económicamente.

Luego de las votaciones en las que Ortega y Murillo impusieron su “reelección” y que fueran calificadas como “ilegítimas y antidemocráticas”, la comunidad internacional ha repudiado al régimen y ha prometido seguir presionando en el campo diplomático y financiero, aplicando sanciones individuales.