Persecución y cárcel impera a cuatro años de insurrección cívica en Nicaragua

“Gritar no es en vano, no nos vamos a callar, un grito fuerte desde abril, todos gritan presente, un estallido sobre mí, un murmuro entre la gente. En la lluvia se acercan, mueren de par en par, luciérnagas como estrellas, brillan al escuchar, un grito fuerte desde abril”, expresarse a través del canto le mereció ser arrestado el pasado 12 de abril a Josué Monroy, un músico nicaragüense que en 2019 había dicho que la canción “En el ojo del huracán” de la que estas líneas hacen parte era un reflejo del sentimiento de impotencia, tristeza y ansiedad que la crisis social y política en Nicaragua le había generado.

A cuatro años de la lucha de los “autoconvocados”, la nación vive en estado policial, los principales líderes de las protestas se encuentran en el exilio y en la cárcel se contabilizan más de 181 presas y presos políticos, mientras las víctimas de los más de 355 fallecidos reclaman por justicia sin que los culpables hayan sido procesados. En cambio, para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo las fechas de 18 y 19 de abril representan días de “mal corazón”.

En 2018, millones de nicaragüenses salieron a protestar. Los primeros en tomarse las calles un 18 de abril, fueron los jóvenes universitarios indignados por los ataques contra adultos mayores que protestaban en León por las nuevas reformas al Instituto de Seguridad Social (INSS), ancianos, mujeres, periodistas y opositores fueron brutalmente atacados por simpatizantes sandinistas. El 19 de abril, se repitió la golpiza, pero en Camino de Oriente de Managua. Poco a poco la mecha de la rebelión se encendió por toda la República, el mismo Estado lo confirmó.     

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Una semana más tarde el asesor presidencial para temas económicos, Bayardo Arce, admitió a la cadena internacional Univisión que la reforma al INSS “fue una equivocación” y que las masivas manifestaciones tomaron por sorpresa al gobierno. 

“Están unos jóvenes protestando pacíficamente y de repente llegan una serie de gente a agredirlos, creo yo que esa fue la segunda chispa detonante porque la gente dijo: ¿por qué llegan unos por muy simpatizantes del gobierno a atacar a quienes, sencillamente están de manera pacífica diciendo no estoy de acuerdo con la medida del INSS?”.

Daniel Ortega llegó al poder 2007, cuando muchos de estos manifestantes todavía eran unos niños. Para algunos era la primera vez que se tomaban las calles defendiendo sus derechos y era la primera vez que desafiaban al único presidente que habían conocido. Lo hicieron portando la bandera nacional y luciendo los colores azul y blanco con piedras, huleras y morteros. Desde abril, construyeron barricadas para defenderse de las balas. Sin imaginar que por estos actos de resistencia pacífica serían criminalizados. 

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en los últimos meses que entre los principales opositores políticos perseguidos por la justicia Orteguista se encuentran: defensores de derechos humanos, estudiantes, mujeres, líderes religiosos, población LGTBQ+, campesinos, periodistas, entre otros. 

Detenciones ilegales y juicios amañados

Josué Monroy se atrevió a hacer lo que todo nicaragüense sabe que se juega su libertad: expresar sus ideas en público. No fue el único detenido de forma ilegal durante la Semana Santa, también los productores musicales Salvador Espinales y Xóchitl Tapia, propietarios de Saxo Producciones y el también músico Leonardo Canales quien este 18 de abril se conoció fue deportado a su país natal Costa Rica. 

Dos días después del arresto de Monroy los agentes de la Policía regresaron a su hogar por los instrumentos musicales como guitarras, amplificadores, cables, parlantes entre otros objetos tecnológicos como dos laptops y cámara. “Son artistas, no son delincuentes”, explicó un familiar a Confidencial.

Desde 2020, los legisladores han creado cuatro leyes represoras como la de Soberanía, Ciberdelitos, Prisión Perpetua y la del Código Procesal Penal que pasó de 48 horas a 90 días de detención para investigación cuyo objetivo fundamental ha sido perseguir, enjuiciar y condenar a los opositores utilizando todo el aparataje de Justicia. 

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Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presas y Presos Políticos en su informe mensual con datos recogidos hasta el 31 de marzo de este año, ya suman más de 10 fueron detenidos previamente y 171 personas detenidas en el contexto del estallido social desde abril de 2018 sin embargo, la cuenta sigue en aumento. De esta última cifra, 157 son hombres y 14 son mujeres. De este grupo 31 personas están recluidas en celdas diferenciadas, es decir 16 en máxima seguridad, 9 en celdas de castigo y 6 bajo aislamiento. 

De acuerdo con el informe la distribución de los 171 presos y presas políticas es la siguiente: 126 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 30 personas están detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial "El Chipote", 27 de ellas ya fueron condenadas. 8 se encuentran en delegaciones municipales y 7 en arresto domiciliar. 

Entre los prisioneros se encuentran siete candidatos presidenciales que desafiaron a Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2021. Cristiana Chamorro, dirigía la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y figuraba como la candidata favorita, fue detenida cinco meses antes de las elecciones en su propia vivienda. El pasado 21 de marzo, a nueve meses de su arresto domiciliario fue condenada a ocho años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero. 

Su primo, Juan Sebastián Chamorro, otro aspirante a la silla presidencial fue condenado a 13 años de prisión el pasado 4 de marzo por conspiración. El politólogo Félix Maradiaga, otro ex candidato presidencial fue sentenciado a 13 años de prisión por traición a la patria y conspiración. 

El 25 de marzo el aspirante presidencial Noel Vidaurre fue declarado culpable de “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional”, con la pena de 9 años de cárcel. 

Mientras tanto, el exembajador en Washington Arturo Cruz quien fue condenado a 9 años de prisión, tras celebrarse el juicio fue enviado a prisión domiciliar. Cruz también manifestó su aspiración presidencial para las elecciones del 7 de noviembre pasado, “por razones humanitarias” pasó de prisión preventiva en la cárcel El Chipote a arresto domiciliario, beneficio que alcanzó a los también opositores Francisco Aguirre Sacasa de 77 años y el exvicecanciller José Pallais Arana de 68 años. 

El cambio de medidas cautelares se dio tras la muerte del histórico sandinista Hugo Torres en las celdas el pasado 12 de febrero. Torres, es la segunda muerte ocurrida bajo el resguardo del Estado, la primera ocurrió en mayo de 2020 con el asesinato del reo político Eddy Montes Preslín a manos de un custodio en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”.

El periodista Miguel Mora y al líder campesino Medardo Mairena, en 2019 fueron liberados tras seis y once meses de detención respectivamente. Sin embargo, nuevamente fueron castigados con cárcel tras manifestar sus aspiraciones a las presidencia. Intenciones que fueron bloqueadas por Daniel Ortega quien fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo.  

En febrero pasado, Mora y Mairena fueron condenados por el delito de “conspiración” a 13 años de prisión y al igual que los otros procesados quedan inhabilitados para ocupar cargos públicos en dicho periodo. 

Vidas rotas que insisten en no ser olvidadas

Samuel Mairena tiene 34 años, los últimos cuatro los ha pasado postrado en una cama. En junio de 2018 su vida cambió para siempre. Su cuerpo recibió 8 impactos de bala. Una de ellas perforó su médula que lo dejó sin la posibilidad de poder caminar. Es una víctima de la represión gubernamental. 

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Desea emigrar de Nicaragua al igual que los más de cien mil nicaragüenses que se han visto obligados a pedir refugio, pero no cuenta con los recursos. Está cansado de vivir en la clandestinidad y teme por la seguridad de su familia.

“Mi mamá hoy en día vive desesperada porque temen que me hagan malo y mis hermanos buscan la manera de sacarme del país, lo antes posible, pero no hay recursos. Lo único que le pido a Dios es que a mi familia no le pase nada”, dice este joven quien culpa desde hace cuatro años a la Policía y a los paramilitares de su estado parapléjico.

 Las altas temperaturas del verano han deteriorado la salud de Mairena, ahora mismo su cuerpo lucha contra una fuerte infección porque una de las balas dañó todo su sistema digestivo. 

“Ya son cuatro años sin poder caminar. Tengo bolsas de colostomía y zondas Foley para poder realizar mis necesidades”, cuenta que a diario debe cambiarlas, cada una de las bolsas tiene el valor de 180 córdobas, lo que incurre en gastos que le resultan bastante alto y algunas de las personas que han intentado ayudarle han recibido represalias por lo que el apoyo mayormente recae sobre su familia. 

Asimismo, señaló que entre los órganos internos afectados está el hígado y el vaso.  Además, presenta llagas en sus caderas que ameritan curaciones diarias. 

Para este joven que antes de abril 2018 era completamente sano y ejercía como chef de un restaurante, oficio que sin dudarlo dejó de lado por la indignación que le causó ver la golpiza a los ancianos de León quien a su juicio reclamaban su justo derecho y decidió unirse a las protestas estudiantiles, aunque continúe pagando un alto precio en soledad. 

“Apoyé la Upoli y di casi mi vida por luchar por los derechos y solo me gané estar acostado en mi cama con llagas en mis caderas”. 

Aunque Samuel Mairena está en una cama cuenta que está consciente que su familia y él son blancos de asedio cada vez que denuncia en público, porque recibe amenazas de los simpatizantes del gobierno de su barrio al conocer que sobrevivió. “Soy víctima y tengo que andar escondido porque no puedo andar libre”.

Otro de los jóvenes que quedó lisiado por evitar que fuerzas paramilitares combinadas se tomaran las instalaciones de la Upoli fue el joven Isaac Ramírez quien en abril de 2018 recibió un disparo de escopeta en su pie derecho. Ramírez contó a La Prensa en 2021 que tenía tres años evitando que le amputaran la pierna.

Entre tanto, el doctor Alejandro Lagos Espinoza quien en los últimos cuatro años ha atendido a pacientes heridos como Mairena, confirma que cada uno de los afectados se han atendido su convalecencia de acuerdo a sus posibilidades. Acepta que para ellos no ha habido prioridad en atención médica ni tampoco un programa de rehabilitación.