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CIDH exige a Daniel Ortega liberar a Monseñor Rolando Álvarez y sacerdotes detenidos en Nicaragua

Diferentes organizaciones de la sociedad civil, religiosas, nacionales e internacionales ha condenado y repudiado el secuestro de monseñor Rolando Álvarez
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Monseñor Rolando Álvarez.
Cortesía

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su condena por la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua y urgió al régimen de Nicaragua el cese de inmediato estos actos, además exigió la liberación de todos los religiosos detenidos.

“La CIDH urge a la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y de las personas detenidas, e informar inmediatamente su paradero y a garantizar su vida e integridad personal. Como ha sido señalado por la CIDH, estos hechos forman parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y, en general, de actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua, debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018 y su papel crítico para denunciar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis en el país”, cita la misiva de la CIDH.

En su publicación la Comisión recopila los últimos hechos cometidos en Nicaragua en contra de la iglesia católica por parte del régimen de Daniel Ortega destacando, el exilio forzado del sacerdote Uriel Vallejos, la extensión del plazo para continuar con las supuestas investigaciones del obispo de Mulukukú.

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La CIDH destaca que, el pasado 17 de agosto, el sacerdote Uriel Vallejos habría sido forzado a exiliarse después de permanecer más de tres días bajo asedio policial en la casa Curial de Sébaco. El 14 de agosto, el sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo de Mulukukú, en el Caribe Norte, fue detenido arbitrariamente por agentes antimotines y; al día siguiente, el Ministerio Público habría solicitado ampliar el plazo de su detención por 90 días para realizar investigaciones”, destaca la comisión.

Además, recordó que el 14 de agosto, los sacerdotes de los municipios de Rancho Grande y El Tuma fueron impedidos por agentes de la sancionada Policía, bajo amenazas, de trasladarse hacia la ciudad de Matagalpa para participar en celebraciones religiosas.

También recuerda que ese mismo día en Managua, la Policía prohibió la celebración de las procesiones religiosas programadas para el 13 y 14 de agosto, por motivos de "seguridad interna". En los días siguientes, agentes antimotines habrían impedido el ingreso de personas a las iglesias para la celebración de la misa en otras comunidades del país.

“En el primer semestre de 2022, la Comisión también ha rechazado el cierre y confiscación de los bienes de distintas organizaciones vinculadas con la Iglesia, como la Universidad Católica del Trópico Seco, varios colegios de la diócesis de Estelí y la Fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, cuyas integrantes fueron expulsadas del país. En el mes de marzo, el Estado ordenó la salida del Nuncio Apostólico del país, quien fue mediador en la Mesa de Diálogo de 2019”, resalta la CIDH.

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Por lo que nuevamente la CIDH, hizo llamado al Estado de Nicaragua para que cese los constantes ataques contra la Iglesia Católica. Asimismo, urgió al régimen a liberar a todas las personas que permanecen privadas de la libertad arbitrariamente y que cesar de inmediato la represión en el país.

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