Régimen acusa a cuatro trabajadores de La Prensa por menoscabo

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha acusado en los Juzgados de Managua a cuatro colaboradores del confiscado Diario La Prensa por el supuesto delito de “menoscabo” o “traición a la Patria”.

Los acusados son una periodista, una asistente y dos conductores, a quienes la sancionada Fiscalía les imputa los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, delitos con el que el régimen ha condenado a los actuales presos políticos.

La acusación fue realizada el pasado 29 de septiembre por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, en contra de los acusados. Actualmente se encuentran detenidos dos conductores, a quienes el régimen mantiene en las celdas del Chipote, en Managua.

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Los conductores fueron detenidos durante una cacería policía en contra de los trabajadores del medio de comunicación más antiguo de Nicaragua y forzó a todos los colaboradores del periódico al exilio ante la persecución en su contra.

Esta acusación contra los trabajadores del diario se suma a una serie de ataques con el objetivo de silenciar al periódico de más de 90 años de existencia.

A inicios de este año, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario fue condenado a 9 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo.

De acuerdo con la información disponible, la causa 021653-ORM4-2022-PN contra los cuatro trabajadores del diario La Prensa fue presentada a las 2:23 de la tarde del 29 de septiembre por la fiscal Ramírez Olivas, siendo la víctima u ofendido el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

En manos de Nalia Úbeda

Actualmente, el proceso se encuentra en trámite y la causa se encuentra radicada en el Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, a cargo de la sancionada juez Nalia Nadezhda Úbeda Obando, quien ya ha condenado a otros presos políticos.

Nalia Úbeda es la misma juez Orteguista que está a cargo del caso en contra de Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, todos colaboradores del obispo, quienes fueron señalados de cometer delitos “contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.

El 13 de agosto de 2021, las instalaciones del diario La Prensa fueron intervenidas por la Policía Orteguista, el inicio de una “investigación” contra el Grupo Editorial La Prensa y sus directivos por los supuestos delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos” en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

Un año después, el 23 de agosto de este año, la dictadura oficializó la confiscación y el robo de las instalaciones, las cuales las convirtió en el “Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho ¡No volverá el pasado!”.

Las instalaciones del diario La Prensa, las cuales fueron confiscadas por la dictadura de Daniel Ortega están valoradas alrededor de 10 millones de dólares.

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El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe las confiscaciones, acciones que el régimen ha venido cometiendo de facto en contra de las propiedades de opositores.