Acusan a sacerdotes de Matagalpa por “conspiración” y “noticias falsas”
La dictadura de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, la pareja que usurpa la presidencia de Nicaragua, presentaron acusación en los Juzgados de Managua por los delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “noticias falsas” en contra de los sacerdotes que acompañaban a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, dentro de la Curia de Matagalpa.
Este 22 de septiembre, la Fiscalía acusó en secreto a los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral San Pedro, de Matagalpa, Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; y Raúl González; los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, el camarógrafo Sergio Cárdenas.
En la acusación no perfila el nombre de Monseñor Rolando Álvarez Lagos, Obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien este martes cumple 60 días de arresto domiciliar. Actualmente se encuentra en casa de sus familiares, en el municipio de Ticuantepe, en Managua.
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En el expediente presentado ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) de los Juzgados de Managua, aparece como víctima el “Estado de Nicaragua”.
“Todos fueron acusados por el delito de Conspiración para cometer Menoscabo a la Integridad Nacional y Propagación de Noticias Falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua”, denunció el abogado Yader Morazán en sus redes sociales.
De acuerdo con el exfuncionario del Poder Judicial, la acusación contra los sacerdotes y el camarógrafo que acompañaban al purpurado dentro de la Curia Episcopal, fue expuesta en audiencia por el fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña.
Durante la audiencia, el fiscal Manuel de Jesús Peña pidió a la jueza que declarara su competencia para el conocimiento de dicha causa, después de haberlos sustraído del juez natural que les correspondía en la ciudad de Matagalpa, detalló Morazán.
Al momento de la audiencia, el fiscal pidió que se “corrigieran errores de la acusación y que se declarara la tramitación compleja, porque dice que la policía seguía investigando, como si no fuese esa la naturaleza de la Audiencia Especial de Ampliación de Investigación que les habían celebrado el 22 de agosto”, denunció el abogado.
Nombran defensores públicos
A como ha sucedido con otros casos en los que se ha condenado a los presos políticos, la judicial sandinista negó a los sacerdotes el derecho a una defensa privada y de confianza de los señalados.
“Descaradamente la jueza Nadia al constatar la presencia de las partes, “se enteró” que los acusados no constaban con una defensa privada de su confianza, por lo que procedió a nombrarles defensoras públicas que de "casualidad" se encontraban ahí fuera de su jornada laboral”, denunció Morazán, quien tuvo conocimiento por fuentes internas d los juzgados sobre la decisión de la sancionada jueza.
La asignación por parte de la Jueza Quinto de los Distrito Penal de audiencias estuvo dividida de diferentes maneras, en el caso del Padre Ramiro Reynaldo Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista, se le asignó la defensora pública María Verónica Nieto Guillén.
Al sacerdote Sadiel Antonio Eugarrios Cano, segundo vicario de la catedral de Matagalpa y al camarógrafo Sergio Jose Cardenas flores, la jueza quinto les asignó a la defensora pública Ethelvina Guisselle Sobalvarro Cruz.
“La licenciada Heidi Jennifer Cárdenas Rosales, fue asignada para representar al padre acusado José Luis Díaz Cruz primer vicario de la catedral de Matagalpa y al seminarista Melkin Antonio Centeno Sequeira”, puntualizó el abogado.
La fiscal Brenda Josefina Enrique Galeano, fue impuesta para representar al padre acusado Raúl Antonio Vega González y al seminarista Darwin Steylin Leiva Mendoza de 19 años de edad.
Niegan orden de libertad
A pesar de que los abogados “defensores de oficio” coincidieron al pedirle a la juez que cambiara las medidas cautelares impuestas contra los sacerdotes, pero fue rechazada por la judicial.
“Al darles intervención de ley a las defensoras públicas, todas tuvieron en común oponerse a la admisión de la acusación, alegando la falta de especificación, claridad y precisión de los hechos imputados y participación de sus representados en ellos. Además pidieron que se les cambiara la medida cautelar por una que no sea la prisión preventiva (Según el acta)”, detalló Morazán.
“Como era de esperarse, la jueza ignoró todas las peticiones de las defensoras públicas impuestas a puertas cerradas a los sacerdotes y admitió todos los pedimentos del Fiscal”, agregó.
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El juicio en donde se debatirán las pruebas presentadas en contra de los sacerdotes se realizará este próximo 7 de octubre en los Juzgados de Managua.