Juez cita a siete “testigos” en juicio contra sacerdote Enrique Martínez Gamboa, preso en El Chipote
La juez Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, juez Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, citó a declarar a siete personas entre los que se figuran dos peritos de la sancionada Policía y otros cinco “testigos”, en el juicio contra el sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de Managua.
El sacerdote es acusado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso de noticias falsas.
La Fiscalía de Nicaragua ha propuesto como testigos a los peritos de la Policía compuestos por Miguel Ángel Rivas López o en su defecto Xavier Corea Martínez. Los otros testigos son Sergio Noel Lindo Alemán o Hollman Danilo Pacheco, así como Miguel Ángel Alvarado y Telma Marina Sandoval Aragón o Jairo Manuel Tercero Gutiérrez.
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El padre Martínez Gamboa estaba asignado a una capilla de San Pedro del Norte, en el departamento de Chinandega, de la Diócesis de León, y fue capturado el 13 de octubre en horas de la tarde en Managua.
Al momento de la detención, el sacerdote se encontraba visitando a unos familiares en Managua y fue llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
Tras la detención del sacerdote, usuarios en redes sociales difundieron un video en donde se observa al prelado junto a un grupo de estudiantes, durante la marcha del 30 de mayo, que fue atacada cobardemente por paramilitares y policías.
Estado de Nicaragua, la víctima
En la acusación contra el sacerdote, aparece como víctima el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.
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Por su parte, la abogada Martha Patricia Molina, ha documentado más de 400 ataques del régimen de Ortega en contra de la Iglesia Católica. Actualmente, la dictadura ha encarcelado a 10 sacerdotes, entre ellos al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien es acusado por los mismos delitos.
De igual manera, varios sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa se han exiliado debido a la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes además, han negado el ingreso al país de varios religiosos.