Exfiscales:Policía podría ser castigada por detenciones inconstitucionales de presos políticos
El Colectivo de exfuncionarios y exfiscales de Nicaragua asegura que las detenciones de Monseñor Rolando Álvarez, sacerdotes y demás presos políticos en Nicaragua, son arbitrarias y señalan el mal procedimiento de la Policía, los fiscales y los jueces, que podrían ser motivo de castigos, por su actuar contra la Constitución Política.
“Las detenciones realizadas por la Policía Nacional de Nicaragua contra Monseñor Rolando Álvarez Lagos, sacerdotes, seminaristas, laicos y demás presos políticos son arbitrarias y se han ejecutado para restringir el ejercicio de los derechos civiles contenidos en nuestra Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratados internacionales ratificados por el Estado nicaragüense”, señalaron.
En nota de prensa explican que la privación de libertad solamente puede ser decretada dentro de un proceso penal con garantías y por orden judicial debidamente fundamentada.
Así que --explican-- “la privación de libertad y restricción personal que transgreda la función específica de la Policía Nacional también transgrede la Constitución Política y las leyes penales, pudiendo ser castigada como delito por violentar la libertad individual, el libre acceso a la información, el derecho a la salud y a la atención médica oportuna, el derecho a la integridad e indemnidad sexual, entre otros”.
Ministerio Público actúa ilegalmente
Por otro lado, afirman que los representantes del Ministerio Público han obviado actuar conforme los principios de objetividad y legalidad establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Ellos señalan que la actividad fiscal debe ser autónoma y libre de toda motivación que esté fuera de la ley, pero aseguran que en el ejercicio de la acción penal, los representantes del Ministerio Público han actuado de forma consciente en la criminalización de conductas que no constituyen delito.
“Han violentado los principios de legalidad, justicia, proporcionalidad y equidad y los principios universales que garantizan la protección de los derechos humanos de las personas acusadas, lo cual acarrea responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios involucrados”, dice en referencia a los fiscales que llevan juicios políticos.
Poder judicial y la justicia efectiva
Además, aseguran que los jueces y magistrados del Poder Judicial de Nicaragua han olvidado el imperativo legal de su función pública, que se subordina a la Constitución Política y a las Leyes ordinarias que les imponen deberes y obligaciones para garantizar la aplicación de una justicia efectiva.
“Los jueces y magistrados han incurrido no solamente en infracciones normativas relativas al ejercicio de su cargo, sino que también han infringido la norma procesal penal al ignorar las reglas del debido proceso, impidiendo el libre ejercicio de la defensa, ocultando información de los juicios y audiencias, omitiendo su deber de garantizar el acceso a la atención médica de los privados de libertad de forma pronta y oportuna”, continúan.
Señalan que en la sustanciación de sentencias han infringido la prohibición de doble penalidad, convalidando actos ilegales ejecutados por la Policía Nacional y el Ministerio Público, validando pruebas ilícitas y transgrediendo la prohibición constitucional sobre la irretroactividad de la ley penal.
“Monseñor Rolando Álvarez Lagos, sacerdotes, seminaristas, laicos y demás presos políticos han sido sometidos a procesos penales sin las garantías mínimas, vulnerándose especialmente el derecho a la defensa, que es un requisito esencial para la validez del proceso”, insisten los ex funcionarios y fiscales.
También critican que la imposición de defensores públicos en la defensa de todos los presos políticos ha violentado el principio de independencia profesional, quedando en evidencia que sus argumentos de defensa se realizan con el objeto de perjudicar los derechos de los acusados.
“Este nombramiento forzado deja en evidencia la influencia de criterios políticos en todo el sistema de justicia penal nicaragüense, especialmente porque la conducta de los defensores públicos en los casos de los reos políticos contrasta deliberadamente con su obligación de defender la causa de la justicia, los derechos humanos y las libertades fundamentales”, señalan.
Asimismo, exhortan a la ciudadanía nicaragüense a promover la denuncia pública de todos aquellos actos cometidos por los fiscales, defensores públicos, policía nacional, jueces y magistrados que vulneren garantías individuales.