“Cruz Roja Nicaragüense ha sido víctima del terrorismo de Estado”, denuncian defensores de DDHH
Organismos defensores de derechos humanos denuncian que la dictadura de Daniel Ortega trata de criminalizar la labor de las instituciones que han prestado atención a las víctimas de la represión de abril de 2018
Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales han alzado su voz contra la arremetida de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de Cruz Roja Nicaragüense, la que pasó a manos del Ministerio de Salud (Minsa) por medio de una ley aprobada por los diputados.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), denunció a través de sus redes sociales que “Cruz Roja Nicaragüense ha sido víctima del terrorismo de Estado”, en referencia a la saña conque fue anulada la personería jurídica otorgada en el año 1958.
Los diputados también crearon una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que ahora está adscrita al Ministerio de Salud.
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“El terrorismo de Estado está sumiendo al país en un régimen totalitario que busca subyugar a toda la población y quebrantar moralmente a cada ciudadano”, denuncia Calidh.
Minutos después que los diputados desaparecieron la personería jurídica de la Cruz Roja, Rosario Murillo cargó contra la Institución que en el año 2018 brindó atención a los heridos durante las protestas, incluso mantuvieron puestos de emergencia para atender la situación.
“Como parte del patrón de censura, castigo y venganza de las personas y organizaciones que colaboraron con las víctimas agredidas o asesinadas por las fuerzas policiales o paramilitares, la Cruz Roja Nicaragüense, organización humanitaria por excelencia, ha sido disuelta y confiscada por el Estado”, denuncia Calidh en un comunicado.
“Este acto de represión busca legitimar el discurso gubernamental de negación de la participación estatal en los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018”, agrega el documento.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos además denunció que “todos estos actos no tienen ninguna validez jurídica, incluida la disolución de Cruz Roja”.
“El Estado ha violentado las obligaciones internacionales de garantizar el carácter apolítico, imparcial e independiente. El Estado busca infundir miedo en la población al acaparar los servicios e infraestructura de esta organización. El terrorismo de Estado está sumiendo al país en un régimen totalitario que busca subyugar a toda la población y quebrantar moralmente a cada ciudadano”, agrega el documento.
Aberración jurídica
Otra de las organizaciones que tildó como “aberración jurídica” el robo del régimen de la Cruz Roja, fue el colectivo Nicaragüense de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien además denunció que hasta la fecha más de 3,300 Organizaciones Sin Fines de Lucro han sido aniquiladas por la dictadura.
“Hasta inicio de mayo de este año más de 3,341 organizaciones nacionales e internacionales han sido canceladas por supuestamente incumplir la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, denunció el Colectivo.
“En el caso de Cruz Roja Nicaragüense la Asamblea Nacional señala falsamente que la asociación humanitaria “actuó contra los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad” en 2018 cuando el régimen Ortega Murillo reprimió y asesinó a la población indefensa que protestaba”, señala el organismo defensor de derechos humanos en Nicaragua.
Cruz Roja, como un cuerpo independiente e imparcial atendió el 16 de mayo a presos políticos en la cárcel Modelo, cuando don Eddy Montes fue ultimado por custodios del Centro Penitenciario.
“Con la llegada del personal cruzrojista se evitaron más muertes pues el sistema penitenciario negó la atención a los presos políticos heridos”, señala el Colectivo.
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El Colectivo Nicaragüense de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aprovechó la oportunidad para exigir al régimen “el cese de la represión” y la derogación de las leyes que violan los derechos de los ciudadanos nicaragüenses.
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