Fundación del Río: "El avance de la minería ilegal ha sido posible debido al fomento de la minería industrial"

El ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruíz, denunció que el 30% del oro nicaragüense es extraído de procesos ilegales, acarreado por canales de procesamiento y exportación, propiedad de empresas radicadas en el país.

Durante la sesión pública "Minería ilegal y su impacto en los derechos humanos" realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Fundación del Río señaló que existen relaciones entre la minería industrial e ilegal para la producción de oro y extracción de mercurio en perjuicio de áreas protegidas y territorios indígenas del sureste nicaragüense.

Asimismo, el ambientalista denunció que el avance de la minería ilegal ha sido posible debido al fomento de la minería industrial en los marcos de ley nicaragüenses.

Sobre las cifras, Ruíz explicó que un 30% del oro extraído de procesos ilegales es acarreado por canales de procesamiento y exportación, propiedad de empresas radicadas en el país, muchas de ellas colombianas y canadienses.

A este negocio se suma la comercialización ilícita de 36 toneladas anuales de mercurio. Ruíz expuso que en la zona transfronteriza de Río San Juan se ha estado traficando el mineral.

También reportó “blanqueo de capital, trata de personas y comercialización de droga dentro de la zona de explotación ilegal de minería”.

Molinos mineros en Indio Maíz

En la sesión pública, el presidente de la Fundación del Río, informó que desde 2007 se han otorgado 14 concesiones, lo que se ha traducido en la ocupación del 23% del territorio del país.

Explica que en promedio 79 de estas concesiones se encuentran en Bosawás.

Además, indicó que se han encontrado 100 molinos mineros en las zonas de amortiguamiento de Indio Maíz y “al menos tres sectores ilegales en la zona núcleo” pese a que está prohibida la extracción de metales en ambas reservas", aseguró.

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Reportó que el 41% del territorio Mayagna Sauni, del pueblo indígena Mayangna en Bosawás, está concesionado para la minería, lo que ha incrementado la conflictividad territorial y asesinatos en la zona.

Dicha situación afecta a cuatro pueblos ancestrales, “generando afectaciones en un total de 21 territorios indígenas, de los cuales cinco son territorios Chorotegas, 1 territorio Matagalpa, 6 territorios Mayagnas, 7 Miskitus y 2 territorios multiétnicos”, declaró.

En este sentido, organizaciones como Fundación del Río y el Centro Humboldt estimaron que más de 40 mil personas se dedican a la minería ilegal en unos 38 municipios. 

“No existen medidas de seguridad, ni condiciones laborales; las áreas de extracción son inestables e inseguras, existe trabajo infantil y problemas de salud asociados al manejo de mercurio”, dijo el presidente de la Fundación del Río.

De momento contabilizan 55 personas fallecidas por esta actividad.

“No conozco ningún territorio minero en Nicaragua que haya salido de la pobreza, más bien lo que nos dejan son los residuos de los impactos ambientales y sociales, muchas veces solo nos saquean”, evidenció Ruíz.

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Pese al deterioro eco-social que ha provocado la minería en el país, las instituciones estatales han ignorado sus efectos, en su lugar, reformaron “con carácter de urgencia La ley de exploración y explotación de Minas para asegurar el control de toda actividad a favor del gobierno, incluida la minería ilegal”. 

Amaru identificó que en el capítulo 77 se facultó al Ministerio de Energía y Minas el otorgamiento de avales para la minería ilegal.